Al cumplirse un mes desde que la comisión de Juicio Político integrada por Diputados, Senadores y los miembros de la Corte decidiera iniciar un jury contra el Fiscal de Estado, Joaquín De Rosas, a partir de hoy comienza a regir el plazo legal para que tanto la defensa como la parte denunciante presenten las respectivas pruebas.
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Es que si bien constitucionalmente este período debía comenzar inmediatamente después de decidido el Juicio Político, algunas demoras administrativas llevaron a que recién hoy los legisladores y el acusado hayan recibido la notificación que les da plazo hasta el 1 de noviembre para fundamentar las denuncias.
Por esta situación, los legisladores que realizaron la presentación que terminó con De Rosas en el banquillo ya comienzan a planear su estrategia para avanzar contra el Fiscal de Estado.
En las próximas horas me voy a reunir con los otros legisladores que formaron parte de la denuncia y empezaremos a ver de qué forma vamos a presentar las pruebas que tenemos, que no son pocas y tenemos que organizarlas correctamente, indicó la diputada Patricia Gutiérrez, autora del pedido de jury.
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De esta manera, luego de que transcurran los 30 días hábiles que prevé el periodo de presentación de pruebas, la comisión evaluadora tendrá un plazo de dos meses para analizarlas y recién después de eso empezará el juicio formal contra Joaquín De Rosas.
No obstante, la feria judicial y legislativa prevista para enero provocará, según comentaron desde la parte denunciante, que la decisión sobre el futuro del Fiscal de Estado apartado de su cargo se conozca recién en febrero o marzo del próximo año.
Recordamos que si bien la denuncia constaba de cuatro casos en los que se denunciaba al funcionario de perjudicar a la provincia y favorecer al Gobierno Nacional y al empresario Daniel Vila, sólo una de las presentaciones prosperó.
Se trata de la denuncia que indica que la Fscalía de Estado le pagó a Vila más del triple que a otros beneficiarios luego de la expropiación de unos terrenos en Divisadero Largo.
Pero los supuestos manejos ilegales no terminaron ahí, sino que posteriormente al propietario de Dalvian S.A se le canjeo el monto que se le debía pagar por la expropiación por una deuda millonaria con la banca estatal, transacción que además habría dejado un rédito millonario para los abogados que obraron en la causa y para el Fiscal de Estado.
En los siguientes links podés repasar la cobertura completa de SITIO ANDINO de cómo se desarrolló el proceso que terminó hoy con la suspención del funcionario.
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