Durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Francisco Pérez habló sobre la futura política minera del gobierno y reclamó fomentar y discutir aquellos proyectos que se enmarquen bajo la ley 7722. Pero los intendentes peronistas impulsan una búsqueda de la autonomía municipal para impulsar la actividad. Y Pérez en el medio.
Sin embargo la postura del mandatario no convence a los ambientalistas, quienes enviaron un comunicado en el que sostienen que desde el Ejecutivo provincial quieren modificar la ley para hacerla más flexible. Desde la Asamblea Popular por el Agua denuncian una estrategia del gobernador para desligarse del problema político que representa la megaminería en la provincia.
Por otra parte el comunicado señala que Pérez recurre a intendentes, legisladores y ministros para dar la cara en estas decisiones poco populares entre los mendocinos. Asimismo, se nos presentan falsas disputas al interior del PJ sobre el tema minero, en las cuales el gobernador siempre queda bien parado.
El comunicado completo
"Decimos una vez más, porque desde su sanción esta ley ha sido blanco de constantes ataques de funcionarios y empresas mineras, tal es así que aun hoy tiene once pedidos de inconstitucionalidad que la corte mendocina no ha resuelto. Y no se trata del caso aislado de Mendoza, sino que a lo largo del territorio nacional se han ido derogando sistemáticamente las leyes provinciales similares a nuestra 7722, en una clara estrategia por liberar de trabas legales a estas empresas, como son los casos de La Rioja y Rio Negro.
Lo que más nos indigna es la estrategia del gobernador para desligarse del problema político que representa la megaminería en nuestra provincia. Problema tan grande que obligó al por entonces candidato a llamar a rechazar el Proyecto San Jorge a meses de las elecciones. Lo obligó a desarrollar una campaña prometiéndole a todos los mendocinos que no se avanzaría con esta actividad por sobre un pueblo entero que se movilizó para que ni San Jorge ni cualquier otro proyecto se instalara en nuestra provincia. Lo obligó a responder que se respetaría la plena vigencia de la ley 7722en cada nota donde le preguntaron por el tema minero.
Ya electo gobernador, y con vistas a una reelección, manifestarse abiertamente promotor de estas empresas mineras es un costo político muy grande en una provincia que ya decidió no dejarlas entrar. Por eso recurre a intendentes, legisladores y ministros para dar la cara en estas decisiones poco populares entre los mendocinos. Asimismo, se nos presentan falsas disputas al interior del PJ sobre el tema minero, en las cuales el gobernador siempre queda bien parado.
Por eso, como mendocinos que fuimos testigos de promesas electorales, exigimos que la ley 7722 se mantenga tal cual fue sancionada. Y advertimos que no vamos a permitir que traicionen al pueblo nuevamente. Si ya se movilizó la provincia entera para lograr su sanción, nos movilizaremos el doble si pretenden seguir adelante con intenciones de modificarla. No vamos a repetir las razones que nos llevan a tomar esta postura por la cual nos han tildado, entre muchas otras cosas, de fundamentalistas. En todo caso, fundamentalistas son todos aquellos que quieran imponerle al pueblo este modelo de saqueo y contaminación a cualquier precio, pasando por encima de cualquier tipo de legislación que proteja a sus ciudadanos.
Porque seguimos luchando, atentos y movilizados, y el pueblo no olvida ni perdona estas traiciones".
