Una denuncia penal que involucra a la cúpula de la comisión directiva de ATE Mendoza a días de las elecciones primarias ha generado un sismo en la entidad sindical, que salió a responder a través de un comunicado en la que califican las acusaciones de "falaces".
En la Fiscalía de Delitos Económicos recayó la presentación en contra del secretario general, Roberto Macho; la adjunta, Adriana Iranzo; el administrativo, Mihail Zagorac; y de finanzas, Graciela Navarro; y familiares de la segunda, a quienes se les habría girado unos 6,7 millones de pesos desde las cuentas oficiales del gremio, en concepto de "gastos de representación o gastos gremiales", según una investigación publicada por el diario "El Otro".
Desde la comisión ejecutiva del sindicato aseguran que "no llama la atención que se hagan (las denuncias) en pleno periodo político-electoral" y explican el funcionamiento del gremio en el último tiempo.
En primera instancia, señalan que "ATE en la provincia de Mendoza no recibe subsidios de ningún gobierno, más que la cuota societaria, que no la deposita el Gobierno provincial, sino el Consejo Directivo Nacional" de la organización.
La respuesta de la conducción local de ATE (Foto: Gentileza)
En cuanto a las transferencias a las cuentas personales de los dirigentes, destacan que un DNU firmado por Alberto Fernández modificó el manejo de ese tipo de entidades a raíz de la pandemia de Covid. "En abril de 2020 las reuniones de Consejo Directivo Provincial (CDP) autorizaron trasladar los montos que se necesitan para hacer operativas las distintas luchas que se llevan adelante a las cuentas de los responsables gremiales que firman las actas paritarias", fundamentan.
En ese sentido, informan que los fondos se utilizaron para "afrontar el pago de salarios online mediante cuentas bancarias, costos de letrados y asesores, mantenimiento y gastos diarios de nuestro sindicato".
"Vale recordar que durante todo el año pasado desarrollamos infinitas luchas con huelgas y paros de hasta 35 días, junto a los compañeros municipales, de Salud y Desarrollo Social, Administración Central, entre otros, financiadas con recursos propios de nuestra entidad sindical", completan.
Asimismo, resaltan que las acciones encabezadas por ATE "tienen su correspondiente respaldo y comprobantes de tickets, facturas y gastos realizados, los cuales se plantearon en el interior de nuestro sindicato, fueron autorizados en su totalidad por el CDP, luego de ser auditados por contadores y visados por diferentes revisores de cuentas que posee nuestra asociación sindical, para efectivizar una absoluta transparencia".
Por último, aseveran no haber sido notificados aún por la Justicia provincial sobre alguna denuncia por desvío de fondos, defraudación y/o estafas.
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