El Ejecutivo decidió dar un respaldo cabal a la minería con la creación de una Policía Minera, aunque el Gobernador Francisco Pérez decidió evitar el acto de presentación de la fuerza y quedarse en su despacho de la Casa de Gobierno.
El Ejecutivo decidió dar un respaldo cabal a la minería con la creación de una Policía Minera, aunque el Gobernador Francisco Pérez decidió evitar el acto de presentación de la fuerza y quedarse en su despacho de la Casa de Gobierno.
El evento se desarrolló en las instalaciones de la Dirección de Minería en la calle Boulogne Sur Mer y fue encabezado por el Ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el Subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez.
La creación de la Policía Minera pretende dar señales de que el Estado es capaz de garantizar su capacidad de control de este tipo de emprendimientos para ganar el respaldo a la minería de quienes no se oponen férreamente.
Los discursos de los funcionarios demostraron el respaldo del gobierno a la actividad: la minería está estigmatizada, dijo Baldasso, quien destacó su importancia para Mendoza. Vázquez pidió que la Policía Minera lleve el mensaje de una minería noble, que es la que nos acompañó a los hombres desde nuestros comienzos.
El respaldo del ministerio que controla el área es un fuerte gesto político de apoyo a la minería, pero la ausencia de Paco Pérez también simboliza las grietas que han comenzado a abrirse entre el mandatario provincial y los funcionarios que supieron ser de su mayor confianza, los más cercanos, los que formaron parte de su equipo cuando se convirtió en ministro de Celso Jaque pero que, dentro del propio gabinete del gobernador, ya no conforman un bloque sólido.
Es que las idas y vueltas en torno al tema minero han generado algunos cortocircuitos. El temor de Paco Pérez a ser rotulado como pro-minero y la fuerte capacidad de movilización de los grupos anti-mineros (fenómenos que se conjugan) hicieron que Pérez nunca termine de decir que sí ni que no sobre minería.
Esta actitud también fue puesta en discusión por los intendentes, que en marzo le exigieron un posicionamiento a Paco Pérez que nunca llegó.
Los próximos meses serán fundamentales: la posible reapertura de Sierra Pintada volverá a poner el tema en el tapete, esta vez con un actor nuevo, que ha estado merodeando la situación pero que por primera vez va a intervenir directamente: el Gobierno Nacional, interesado directo en la explotación de la mayor mina de uranio del país.

