La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires
Martes, 4 de mayo de 2021

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas viola la autonomía de la Capital Federal. Elena Highton de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo.

La decisión judicial saldó una disputa política entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a partir de la decisión de la Casa Rosada de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana como una medida para restringir la circulación de personas en medio de la segunda ola de coronavirus.

La sentencia deja en claro en su aspecto resolutivo que se aplicará lo decidido a futuro, más allá de la vigencia o no del DNU cuestionado por Rodríguez Larreta y el que se encuentra ahora vigente firmado por el presidente Alberto Fernández.

Para la Corte, se trata de un caso de "máxima relevancia institucional" el que resolvió hoy en el marco del "federalismo de concertación" que expresa la Constitución, algo que resaltaron tanto Maqueda como Rosatti. En ese voto no se analizó si existió "razonabilidad" en la medida, sino que directamente reprochó la falta de competencia que el Estado Nacional tenía para dictarla, indistintamente de si se trató de un DNU o de una Ley.

"La falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena", afirma la sentencia.

Ese mismo voto conjunto rechazó que después de la reforma de 1994, la Ciudad pudiera tener el mismo trato, sin distinguir su autonomía como "ciudad constitucional". Y en el mismo sentido, consideraron que la región denominada AMBA (sobre la que no se expidieron) no podía justificar que se avasallen potestades constitucionales de la CABA. Con esta decisión, la justicia le da la razón al planteo de Rodríguez Larreta pero también implica que el Gobierno no puede tomar decisiones respecto a cuestiones en las que se involucren facultades propias del gobierno local.

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