Con la partida de Falabella, se aceleran causas judiciales para el cobro a morosos de CMR
Foto: Yemel Fil
Además de los interrogantes acerca del futuro de sus empleados y de un eventual sucesor, la decisión de la partida de Falabella de Mendoza también corre el velo que cubre hasta ahora, para muchos clientes, una complicada situación financiera que los llevó a la judicialización para el cobro. Es que no son pocos los casos de usuarios de la tarjeta CMR cuya ejecución la Justicia civil empezó a acelerar justamente en coincidencia con el inicio del proceso de cierre de la tienda.
Sólo en el ámbito de la 1era Circunscripción Judicial de Mendoza, entre viernes y lunes hubo avances sobre varios expedientes, mientras el grupo chileno confirmaba su cierre para fines de marzo. Con el mismo actor (CMR Argentina), y distintas carátulas, que van desde sumarios hasta ejecución cambiaria, en su mayoría.
Respecto a los usuarios morosos de ese medio de pago, Sitio Andino intentó recabar el crecimiento de la cartera durante el último año y qué proporción evolucionó hasta llegar a la intimación o el embargo. Pero desde el seno de Falabella optaron por el silencio. "La empresa no va a dar esa información", señalaron fuentes de la compañía, que incluso se preserva el número de titulares activos de la tarjeta CMR en Mendoza.
Lo cierto es que la firma mantiene tercerizada la gestión de cobro desde Capital Federal. Y a juzgar por la actividad de los 8 estudios jurídicos contratados, el volumen de morosos no es menor: Martínez de Alzaga, Geller, Transvalores, Ostengo, Beretta, Gestión Legal, Más Activos y Gedco se reparten la tarea de intimarlos y regularizar su situación a contrareloj.
Entre acreditaciones e intimaciones
Al margen de los acuerdos extrajudiciales que puedan cerrarse, como muestra vale un botón, o algunos. No parece casual que en lo que va de febrero hayan tomado impulso demandas que tienen a CMR como promotor: al menos 3 recaen en el 3er Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, que preside la jueza María Eugenia Ibaceta, en tanto que otros se reparten entre el número 1, 2 y 4.
Con distintos grados de avance, a partir del viernes 5 se libraron oficios tendientes en gran medida a, cuando no al cálculo de las sumas a percibir, a la liquidación de los montos o su acreditación en cuentas bancarias. Un caso es el de Edgardo M., sobre quien recae una "ejecución acelerada", según reza el expediente CUIJ: 13-04597145-1((012021-96462), que luego de un tiempo dio un paso al notificarse el importe a liquidar, cuya cifra no trascendió.
A Dardo F. (CUIJ: 13-00178587-1( (012024-86110) CMR le había iniciado en 2019 un sumario. El jueves 5 de febrero, el 3er Tribunal ordenó que se acredite la existencia de fondos en cuenta, previo al decreto que autoriza el cobro.
También hay "rezagados", que las circunstancias ahora apremian incluso para que el banco proceda. Un ejemplo es el de una causa que, con carátula similar, (expediente CUIJ 13-00210693-5 (012024-88912) CMR Argentina S.A. lleva adelante contra José Luis P.: esta semana la jueza Ibaceta intimó al Banco Nación para que en 3 días informe porqué no se efectivizó el cobro, según la orden inicial de noviembre (luego de que Falabella anunciara los primeros cierres de sus tiendas en el país), bajo aprecibimiento de iniciar una causa penal.
Levantar el embargo, una excepción
Con matices, la lista sigue con otros mendocinos y suerte diversa. Mientras Mirta V. transita su propio litigio por ejecución (la Justicia acaba de designar un perito martillero para impulsarla), Claudio A. ahora espera su turno, luego de que la jueza Fabiana Martinelli notificara tiempo atrás a la firma Prear ( Pretensados Argentinos S.A).
Por su parte, la titular del 2do Tribunal de Gestión Asociada, Patricia Fox, firmó el lunes 8 de febrero un oficio dirigido al Banco Nación para habilitar el cobro de otra causa por ejecución cambiaria contra Gustavo A. Antes, la entidad deberá habilitar la cuenta con ese fin.
El caso de Graciela C. puede ser la excepción a la regla. Es que con fecha 5 de febrero, Alicia Boromei, titular del Cuarto Tribunal de Gestión Asociada, dispuso levantar el embargo dictado dentro de la causa que la involucraba por "ejecución acelerada".
