A raíz del impacto de la prolongada sequía en la flora nativa y por ende en el desarrollo ganadero, el Gobierno declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para la producción caprina y bovina de distintos puntos de la provincia. Será por 6 meses, y si bien comprende a las áreas en donde se concentra la actividad, puede ampliarse a otras zonas.
A través del decreto 1282, el gobernador Suarez estableció que la asistencia, comprendida por diferentes beneficios fiscales y financieros, se extienda entre setiembre último y marzo del 2022. Sin embargo, deja claro que para determinar su vigencia "se deberán tener en consideración las posibilidades de recomposición natural de la flora nativa y la consiguiente restitución de la capacidad productiva de los campos para el desarrollo de la actividad ganadera".
La medida habla de "la necesidad imperiosa de otorgar urgente asistencia, ante la apremiante situación de los damnificados" afectados por la sequía extendida durante buena parte del año. Según datos de la Red de Estaciones Agrometeorológicas de Dirección de Contingencias Climáticas, las lluvias acumuladas desde enero a agosto de 2020 fueron de 107,4 mm, un 60,8% del promedio histórico (2007-2019) acumulado para ese período, lo que configura un año "seco".
Para acceder a los beneficios, los damnificados deberán presentar certificado extendido por la DCC, en el que consten que sus predios o explotaciones se encuentran en estado de emergencia (pérdidas entre el 50% y el 79 % de la producción) o de desastre (pérdidas entre el 80% y el 100%).
Como antecedente inmediato, hay que rescatar la declaración de Emergencia que, en este caso desde el Gobierno nacional, se había emitido durante setiembre de 2019. En esa ocasión, se incluyó a la producción ganadera del Sur y Norte provincial y a distintas propiedades afectadas por los incendios de la zona de Potrerillos.
