Los proyectos que apuntan a proteger el Piedemonte mendocino ya comenzaron a discutirse en la Legislatura. Este miércoles, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, participó de la comisión conjunta de Hacienda y Presupuesto y Ambiente del Senado y afirmó que los terrenos que se busca expropiar "son de bajo valor inmobiliario".
En total, serán unas 15 mil hectáreas que - si la "Ley del Piedemonte" se aprueba - pasarán a ser de la provincia, las cuales corresponden a unos cuarenta propietarios. "De ese polígono, solo un sector del Parque General San Martín y el camino del Cerro Arco son estatales", indicó el funcionario.
Según se sostuvo en el plenario, los objetivos principales de la norma son zonificar el espacio, es decir, detallar qué actividades se pueden desarrollar y cuáles no; y proteger a la población de amenazas aluvionales con cotas de urbanización.
"Es la primera vez que se planifica la zona con criterio de cuenca", expresó Mingorance, y aclaró que "hay partes del Piedemonte (las que están cerca de la Ruta 82) que se van a poder urbanizar".
Asimismo, sostuvo que se necesitará que en un primer momento se sancione la ley que contiene las expropiaciones para después avanzar con la creación del Área Natural Protegida. La misma cubrirá unas 50 mil hectáreas y el Gobierno apunta que se tenga la categoría de "reserva de paisaje protegida". De esta manera, se podrá realizar turismo de bajo impacto y algunas actividades deportivas y recreativas.
La próxima semana, el Senado continuará con el análisis de la iniciativa y recibirá a representantes de los municipios involucrados (Las Heras, Godoy Cruz, Capital y Luján de Cuyo) y de organismos técnicos.
