Un proyecto de ley para rebajar la edad de responsabilidad criminal de 15 a nueve años provocó hoy una fuerte polémica en Filipinas, debido a que diversos grupos y organismos internacionales, entre ellos la ONU y la Unicef, la consideran una violación de los derechos de la infancia.
La iniciativa cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Duterte, que la ve como una solución para que grupos criminales no utilicen a niños para cometer delitos graves, práctica común en el país según el mandatario.
"El gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte", indicó en un comunicado el responsable de Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, Carlos Conde.
El Comité de Justicia del Congreso aprobó el lunes un proyecto de ley que postula reducir la edad de imputabilidad penal a nueve años, y el Senado se comprometió a ratificarlo.
"Esto sin duda empeorará la difícil situación de los niños filipinos atrapados en el sistema de justicia", señaló HRW.
Según los legisladores que impulsaron el proyecto, la ley protege a los niños de los criminales que tratan de explotarlos, pero organizaciones como HRW advirtieron que, de sancionarse, la iniciativa los confinaría en centros de menores hasta 12 años, citó la agencia de noticias EFE.
La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard -quien criticó duramente las políticas de Duterte-, advirtió sobre la que consideró una medida "vergonzosa, muy peligrosa y potencialmente mortal" para los niños filipinos.
"Lo vergonzoso es que la señora Callamard siga inmiscuyéndose en los asuntos domésticos de Filipinas", afirmó el vocero presidencial, Salvador Panelo, quien la acusó de pronunciar "teoremas ignorantes e intrusivos" sobre cómo un estado debe manejar sus problemas sin haber leído a fondo la propuesta.
"Las estadísticas muestran un aumento de delitos cometidos por niños; la intención del proyecto de ley es precisamente protegerlos", argumentó Panelo.
Las filiales en Filipinas de Unicef y Save the Children también expresaron su oposición a la iniciativa y esgrimieron "falta de evidencias" que prueben que los niños estén detrás del aumento de la criminalidad en el país, como alega el gobierno.