El oficialismo y la oposición sellaron una especie de paz social a pesar de la campaña electoral respecto al conflicto que mantienen Mendoza y La Pampa por las aguas del Río Atuel. Juntos, sumando a organismos técnicos, y coordinados por la Fiscalía de Estado comprometieron sus aportes a una "defensa conjunta y contundente" ante la demanda de la vecina provincia.
Este mediodía el fiscal de Estado, Fernando Simón, reunió a ministros del gabinete provincial, asesores legales de la Gobernación, organismos técnicos, especialistas, a los presidentes de los partidos políticos y a los candidatos a la gobernación, a lo que será la primera reunión respecto al tema, en la que se redactará la contestación a una demanda de 400 páginas con más de 3.000 fojas de pruebas anexas. En la misma, Simón les acercó una copia de la demanda, que todos se comprometieron a analizar.
Así, participaron los ministros Rolando Baldasso (Infraestructura), Francisco García Ibáñez (Legal y Técnica), Rodolfo Lafalla (Gobierno), Oscar Renna (Salud), el titular de Irrigación, José Luis Álvarez; asesores de Gobierno, los candidatos a gobernador y vice del Frente para la Victoria, Adolfo Bermejo y Diego Martínez Palau; y los radicales Alfredo Cornejo y Laura Montero. También estuvo presente el presidente de la UCR, Sergio Pinto; el del PD, Richard Bataggión, legisladores de distintos partidos, los especialistas en derecho ambiental Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Rodríguez Salas, autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros. Aunque estaba prevista la presencia del gobernador Francisco Pérez, éste no asistió al encuentro.
El compromiso de todos fue elaborar una estrategia unificada con argumentos firmes para defender los derechos de Mendoza sobre las aguas del Atuel, luego de que días atrás la provincia fuera notificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que la demanda estaba en curso. La contestación tiene que presentarse antes del 12 de julio y si bien prefieren mantener bajo reserva aspectos centrales, Simón adelantó que se basará en la "cosa juzgada", es decir el fallo del máximo tribunal de justicia que en 1987 sentenció que si bien el río era interjurisdiccional, Mendoza solo cedería el agua que sobrara después de irrigar 75.761 hectáreas y exhortó a ambas provincias a mantener buenas relaciones y acordar los usos del excedente de agua.
Estas premisas son las que tanto oficialistas como oposición defienden, señalando que apenas se riegan 40.000 hectáreas, con lo que no existe sobrante para ceder.
Pero pese al reclamo por el reconocimiento de derechos, el gobierno de Oscar Jorge plantea una indeminización multimillonaria por los daños ambientales y agrícolas producidos a La Pampa por la inexistencia de aguas del Atuel.
"Nos hemos reunido para defender los derechos de Mendoza sobre agua del Atuel, para demostrar que el tema es una política de Estado por sobre los intereses partidarios electorales. Todas las fuerzas en forma unánime y contundente vamos a elaborar la defensa", aseguró Simón.
"Es un pleito de larga data. Vamos a trabajar con prudencia, sobre la estrategia de la cosa juzgada, que no puede volver a juzgarse", agregó el fiscal de Estado.
"Esta es la primera de muchas reuniones. Convocamos fundamentalmente a los intendentes del Sur. Son todas partes necesarias", agregó.
Por su parte, Alfredo Cornejo, destacó la convocatoria: "Me parece buena, estamos tratando de dar una señal de política de Estado. Hoy es momento de guardar las polémicas. Se nos pidió unidad en la defensa de Mendoza y por eso estamos acá, queremos que nos vean a los mendocinos juntos en la defensa de nuestra agua".
"Estos problemas deben ser tratados así porque son parte de este gobierno y de los que vienen. Hay que buscar el más amplio acuerdo para defenderse", agregó.
Además, consideró importante la búsqueda de un acuerdo extrajudicial con La Pampa, aunque señaló que "mo podemos retroceder de lo que tuvimos en el 87. Hoy estamos en una buena posición, no podemos retroceder de ese fallo".
Por otra parte, señaló como un aspecto negativo que la Nación no haya aportado los fondos necesarios para la construcción de Portezuelo del Viento (acordado en 2008, durante el gobierno de Celso Jaque), que permitiría el trasvase del Río Grande al Atuel, aumentando su caudal. " A lo mejor si hubiesemos encarado esa obra, La Pampa tendría más esperanza", sostuvo.
"Al ser interjuridiccional, el Estado Nacional tiene mucho que ver en esto, pero ya está en instancia judicial", concluyó
Historia del conflicto:
El de La Pampa es un reclamo histórico que incluso cuenta con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 1987 consagró "la interprovincialidad del río" y dispuso que las provincias acuerden "los usos futuros del río" reconociéndole "a Mendoza la prioridad para regar" casi 76.000 hectáreas.
En el año 2008, los gobernadores de La Pampa, Oscar Jorge, y de Mendoza, Celso Jaque, firmaron en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un acuerdo por el uso de las aguas del Atuel. Acordaron un cronograma de obras para producir un ahorro en las pérdidas por infiltración del río mediante la impermeabilización de los canales de la red primaria y secundaria de riego en el sur mendocino. Con esas obras se iban a recuperar 10 m3 por segundo, otorgándole a cada provincia el 50% de ese recupero.
El artículo 16 del convenio se refiere a la obra Portezuelo del Viento. La Pampa dio su conformidad para el desarrollo de las obras para el Aprovechamiento Integral del río Grande -Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento- Trasvase del río Grande al río Atuel, con arreglo al respeto por los procedimientos y la aprobación final por parte del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). Hay un inconveniente: Mendoza quiere construir la represa en un lugar que no está especificado en el acuerdo interprovincial para el aprovechamiento de los ríos de la cuenca del Colorado. Para cambiar la ubicación, Mendoza debe obtener el visto bueno de todas las provincias de la cuenca, incluida La Pampa.
Ese convenio de 2008 debía ser ratificado por las legislaturas de las dos provincias: La Pampa lo hizo, Mendoza no.
En tanto, el río Atuel sigue sin correr por territorio pampeano.
Por qué no prosperó el acuerdo en 2008
El acuerdo suscripto en 2008 buscaba avanzar justamente en la realización de obras en conjunto, pero fue desechado por la Legislatura de Mendoza, no caprichosamente, sino basado entre otras causas- en la situación climática reciente (insuficiencia de caudales por marcada disminución de nevadas, crisis hídrica y sequía), y en informes de organismos técnicos que cuestionaban la legalidad de ciertos aspectos del texto suscripto (especialmente, que disponía en transgresión al fallo judicial un caudal inmediato hacia el territorio pampeano, sin obras de recuperación previa que permitieran su generación en perjuicio de los actuales usuarios).
La Asesoría de Gobierno consideró también que se está omitiendo en el análisis efectuado que luego de la sentencia de 1987, ambas provincias arribaron en 1992 a un acuerdo en el cual Mendoza ha cedido el uso de una fuente hídrica externa a la cuenca del río Atuel (Punta del Agua), construyéndose en territorio mendocino una planta de potabilización y un acueducto que brinda suministro hasta para 6000 habitantes de las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Es decir que Mendoza, dentro de sus acciones de buena vecindad, actualmente suministra agua para el doble de la población existente en la zona pampeana involucrada en el conflicto.
Por último, el organismo del Gobierno de Mendoza evaluó que sería importante que todas las instancias nacionales sean políticas, técnicas o periodísticas- retomen todo análisis del conflicto con integridad y objetividad, sin tendencias e imparcialidades que generen confusiones, aumenten las tensiones, y consecuentemente dificulten el diálogo y toda posible solución entre ambas provincias.