Este martes la Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de un grupo de presos de Buenos Aires que reclamaron salario y aguinaldo por las tareas que desarrollan en la cárcel. En medio de la polémica, en Mendoza se confirmó hoy que esta resolución no se aplicará.
De acuerdo a lo explicado por el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, aunque en Mendoza hay 700 presos en condiciones de recibir este beneficio porque trabajan y cobran por eso hasta $2.000, no lo harán, debido a que no cuentan con un aporte de la Nación.
Sucede que son presos federales, es decir, que han cometido delitos que competen a esta Justicia, y que a pesar de eso el gobierno provincial y no el nacional (como debería ser) se hace cargo de su alojamiento y alimento. Esto, en parte, y siempre de acuerdo a lo explicado por Orellana, se debe a que no existe una cárcel federal.
Espero que en junio cuando inauguren la cárcel federal los internos pasen a depender de la Nación, sostuvo el director del Servicio Penitenciario.
En ese caso, el fallo podría aplicarse y los internos cobrarían aguinaldo y vacaciones. Mientras tanto, desde Gobierno aseguraron que no está en los planes del Ejecutivo presentar un proyecto para que esto se aplique, mientras que, a diferencia de Buenos Aires, en Mendoza los internos no están sindicalizados.
Hay internos que cobran por jornadas y por destajos, esto significa que reciben dinero de acuerdo a lo que producen. Algunos trabajan con empresas privadas que invirtieron talleres en las prisiones y en ese caso los internos tienen salarios que llegan a $2 mil. En cambio, cuando es por jornales el salario promedio es de $800, indicó Orellana.
De esta suma, un porcentaje es entregado a las familias de los reclusos, mientras que otra parte es depositada para cuando salgan en libertad y de esta manera facilite su reinserción.
Es un incentivo que se les da para que se sigan capacitando, sostuvo.
Polémica
Por otro lado, desde el Poder Legislativo dos representantes de la Bicameral de Seguridad se mostraron en contra del fallo.
Daniel Cassia, del Frente Renovador, subrayó que significaría un desequilibrio absoluto del Estado, teniendo en cuenta las falencias en el resto del sistema.
El diputado agregó que si bien los internos tienen derecho a resocializarse y tener una nueva alternativa, es una barbaridad que haya que aumentar el presupuesto de Gobierno para cumplir con este fallo.
Por su parte, el titular de la Bicameral, el radical Héctor Quevedo, calificó de tomada de pelo" el fallo de la justiciua, "porque si para las víctimas no hay presupuesto, no es racional que sí haya para la gente que ha delinquido.