¿Por qué Mendoza debe discutir la política de hidrocarburos? Hay U$S1.347 millones de razones
La política de "energía barata" para el consumo y la producción se ha venido llevando a cabo a costo de las provincias. Y desde 2002 al 2013 sólo Mendoza perdió regalías por U$S1.347 millones. Aquí te contamos por qué.
Tras el colapso económico del 2001/2002, desde el Gobierno nacional se buscó la reactivación económica con un modelo de devaluación, precios pesificados y energía barata para fomentar la producción y el consumo. Al principio el modelo fue exitoso, pero desde entonces y hasta ahora los beneficios dados por la Nación se hicieron siempre a costa de las provincias petroleras. Ahora, con la crisis energética que obliga a importar gas y combustibles, con una YPF nacionalizada, el potencial de Vaca Muerta, las nuevas técnicas de extracción y el debate abierto sobre una polémica reforma a la ley de Hidrocarburos, ya es tiempo de abrir el debate y discutir por qué Mendoza perdió entre 2002 y 2013 regalías por U$S1.347 millones. El futuro está en juego.
A partir de la salida de la convertibilidad en el sector hidrocarburífero se aplicaron medidas para desacoplar los precios internacionales de la energía con los domésticos. Durante los 90 y hasta la crisis del 2001 los precios internos y de exportación de los hidrocarburos presentaban diferencias mínimas. A partir del 2002 se introdujeron medidas para evitar que la devaluación del peso se trasladara al precio doméstico de los combustibles. Además de retenciones a niveles altísimos, otras medidas adoptadas fueron acuerdos o congelamientos de precios, cupos de exportación, etc. Esto hizo con el paso del tiempo que la diferencia entre precios internos y valores externos acumularan diferencias del 1.056% en el caso del gas y del 45% para el petróleo entre 2002 y 2013.
Este diferencial de precios es justamente lo que desalentó la llegada de nuevas inversiones al país y a Mendoza en exploración y explotación, y lo que marcó una pérdida histórica e irreparable para las provincias petroleras, según se desprende de un estudio de la consultora Noanomics.
Se estima que entre el 2002 y el 2013, las provincias petroleras integrantes de la Ofephi perdieron en manos de la Nación un total de U$S18.503,9 millones por justamente este diferencial de precios a la hora de liquidar las regalías hidrocarburíferas. En este contexto sólo Mendoza relegó ingresos para el Estado por U$S1.347 millones, siendo Neuquén la más perjudicada de todas con U$S8.372 millones.
Sólo desde que asumió el actual gobernador Francisco Pérez, Mendoza perdió regalías por U$S205, 5 millones en 2011, por U$S203,5 millones en 2012 y U$S214,3 millones en 2013. Un ritmo anual muy superior al déficit en pesos que registra el Estado provincial y que lo lleva a endeudarse en condiciones muy poco favorables.
El promedio de regalías cedidas desde 2002 asciende a US$ 1.542 millones anuales, aunque desde 2008 ese promedio ronda los US$ 2.613 millones y es de hasta US$ 3.122 millones para el trienio 2011-2013. Desde 2008 las regalías cedidas son mayores a las efectivamente percibidas. En total, realizando la suma simple a precios corrientes de cada año, las diez provincias productoras han dejado de percibir U$S18.500 millones desde 2002 a 2013. Es así que la brecha entre las regalías realmente cobradas y las que hubieran sido recibidas a precios de exportación es una pérdida de recursos a las provincias productoras. Antes de 2001 esa brecha era casi nula y la transferencia no se presentaba porque ambos precios prácticamente no diferían, explican desde Noanomics.
Detrás de la crisis energética generada por un sistema de intervención de precios que genera desincentivos a la exploración y producción, subyace un deterioro paulatino del complejo hidrocarburífero de la mayoría de las provincias productoras, que resignan formidables ingresos que son transferidos al resto del país para subsidiar el modelo de energía barata vigente desde 2002. Esta es la discusión que se abre en la Argentina, mucho más ahora que YPF fue nacionalizada y desde el Gobierno Nacional se buscar fijar un cuadro legal (nueva ley de Hidrocarburos) que regule su funcionamiento y la relación de la empresa con las provincias petroleras.
