El ex legislador del radicalismo Sergio Bruni, una voz calificada en temas ligados a la seguridad y la justicia, opina acerca del proyecto de ley mediante el cual el gobierno de Cristina Kirchner pretende modificar el Código Penal.
El ex legislador del radicalismo Sergio Bruni, una voz calificada en temas ligados a la seguridad y la justicia, opina acerca del proyecto de ley mediante el cual el gobierno de Cristina Kirchner pretende modificar el Código Penal.
-¿Qué opina sobre el proyecto de reforma del Código Penal?
-Creo que tiene que ver con una visión del justicialismo respecto de la justicia penal, y en particular la posición abolicionista del doctor Zaffaroni, principal impulsor de la reforma. Mire en el año 1975, en el mes de mayo más precisamente, el veinticinco asumía Héctor José Cámpora la presidencia de la Nación. En esa fecha patria también otros militantes justicialistas ponían en marcha otro plan político, la liberación de cientos de presos políticos y comunes que se encontraban en todas las cárceles del país.
Los militantes del PJ que habían estado previamente en la Plaza de Mayo, rodearon la cárcel de Villa Devoto y se sumaron familiares de los detenidos, sumando la convocatoria unas 30.000 personas, liderados por el aquél entonces diputadonacional y miembro de montoneros Abal Medina (padre del ex jefe de Gabinete de Cristina).
Los detenidos fueron liberados "bajo responsabilidad" de los siete diputados allí presentes y los beneficiados salieron del penal junto con buena parte de los presos comunes que aprovecharon la confusión reinante. La liberación de presos políticos se realizó también en algunas cárceles del interior del país que vivieron una situación similar.
Ese hecho de impunidad Héctor Cámpora lo convirtió luego en derecho, firmando un decreto indultando a los liberados y luego amnistiándolos por la ley 20.508, que comprendía a los autores de delitos políticos así como los cometidos con motivo o en ocasión de una huelga, un paro, ocupación de fábrica u otra medida de fuerza, sin embargo sobre los presos comunes nadie dijo nada.
-¿Le parece que la reforma propuesta puede asimilarse con esa situación histórica?
-Como le decía y más allá de que en la comisión redactora se encuentran integrantes que me merecen respeto intelectual, el justicialismo ha podido contagiar esa visión política sobre la justicia penal, reduciendo la pena de varios delitos; tanto en sus máximos como en sus mínimos, entre ellos: el homicidio agravado que perdería su condición de prisión perpetua; la violación que pasa de veinte a dieciocho años cuando es agravada, el robo agravado que se reduce en dos años su mínimo y en cinco el máximo; disminuye además la pena de los delitos por siembra, cultivo, guarda, producción, elaboración, y comercialización de estupefacientes pasando la escala de cuatro a quince años a tres a diez años en sus extremos.
Pero además este anteproyecto elimina la reincidencia proponiendo que las circunstancias personales anteriores al hecho sólo se computan si sirven como atenuantes de la pena, pero no como agravante.
-¿Y qué ve como reacción del hombre común?
-Escucho en la calle una gran oposición, en los bares, los mercados, la cola de cualquier banco. Es un tema en el cual la gente opina con una visión negativa y más allá de cuestiones de técnica jurídica y legislativa, el ciudadano medio no tiene por qué comprender, me refiero a la eliminación de la prisión perpetua o la referencia planteada en el párrafo anterior, que termina con la reincidencia. Es un insulto a la inteligencia media del ciudadano común.
Además en tiempos que la inseguridad nos está sobrepasando, considero que no es precisamente éste el momento para replantear y en éstos términos la reforma de nuestro código penal, dónde uno de cada tres internos recuperaría la libertad.
-¿Esta reforma es progresista, tal cual lo plantea el gobierno?
-Progresista sería recuperar la confianza en el Estado, sería la medida más progresista que el gobierno nacional pudiera generar, pero el Gobierno con esta propuesta termina generando en la sociedad un sentimiento de vacío respecto de justicia y seguridad.
Es la certidumbre de recibir una pena, uno de los medios más eficaces para disuadir a quien piensa en cometer un delito, pero la rebaja de penas como la eliminación de la prisión perpetua y el incremento de la sanción en concepto de reincidencia, posee ese mismo estigma de 1975 generado en el Gobierno de Héctor Cámpora, el de favorecer al delincuente y la impunidad.
-¿Y cómo ve la posición del Gobernador?
-No he escuchado la posición política de Pérez, lo que sí puedo decirle es que desde hace tiempo vengo sosteniendo que hay que recuperar la política de estado en materia de seguridad, dónde la Justicia Penal posee una gran reelevancia.
Ahora bien, sin negar las buenas intenciones, el señor Gobernador debería abandonar las reacciones espasmódicas que muchas veces pueden verse como cortinas de humo, se enoja con el Poder Judicial, en otras acaciones con el Poder Legislativo, actores importantes del sistema de justicia y seguridad siendo que ésta es una problemática nos afecta a todos, porque si los fiscales encerraran a todos los delincuentes que están libres, las penitenciarías habría colapsado, al punto que en Cacheuta deberían alojarlos en los techos. La problemática es de alta complejidad y no se soluciona con un par de gritos.
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