Una grave denuncia realizó la Asociación Asamblea Permanente por los Derechos Humanos filial San Rafael contra un sector del Gobierno, al cual acusa de querer sacarle la personería jurídica alegando irregularidades que no fueron especificadas.
La asociación que comenzó a funcionar en el sur provincial en 1998 pero consiguió su personería en 2006 fue noticia en el mes de setiembre del año pasado cuando presentó una acción de amparo para que la Justicia prohibiera las celebraciones religiosas en las escuelas públicas. En ese momento, un fallo del Juzgado Civil 24 dio lugar al pedido y declaró inconstitucional la resolución nº 2616 por medio del cual se fijaba el cronograma de actividades para el ciclo lectivo 2013, en cuanto disponía la conmemoración del Día del Patrono Santiago y el de la Virgen del Carmen de Cuyo y ordenó que en las escuelas públicas no se celebraran, ni se impartieran actividades alusivas a estos hechos.
Días después, la DGE apeló el fallo en primera instancia y esta vez la Justicia le dio la razón al Estado. Fue entonces que a finales de noviembre, la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó el dictamen y las celebraciones volvieron a las escuelas públicas.
Lo curioso del hecho es que un día después de que se conociera el fallo en primera instancia a favor de la Asamblea, la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza inició de oficio un expediente en el que ordena un sumario a la filial por irregularidades.
Este viernes nos enteramos de esta resolución en la cual nos condenan a pagar en el plazo de diez días $1500 por supuestas irregularidades que no explican cuáles son, caso contrario nos quitarán la personería jurídica, explicó a SITIO ANDINO Richard Richard Ermili, Co-presidente APDH.
Para colmo esta notificación no llegó a nuestro domicilio legal sino a la casa de un vecino que nos puso al tanto, por suerte a tiempo para poder apelar, sostuvo.
Lo que llama la atención a los miembros de APDH es la fecha de la resolución, que haya sido de oficio y que en la misma no se detallan las irregularidades en las que cae la Asamblea.
Es muy vaga la denuncia, sí puede ser que tengamos algunos atrasos en la presentación de balances, pero nada más de eso, y tampoco es una causa para que nos quiten la personería, sostuvo Ermili.
La Asamblea apelará la resolución en los próximos días.
Lo más grave de esta situación puede anularnos todo lo actuado, subrayó y aclaró que se trata de un sector del Gobierno que nos ha tirado a matar.
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