21 de abril de 2026
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Despido laboral

Sacudón en el INTI por recortes y posible despido laboral masivo

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial enfrenta un escenario de tensión por un potencial despido laboral masivo. Dudas sobre el futuro del organismo.

Por Sitio Andino Economía

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmaron un escenario de fuerte tensión interna tras el anuncio de un plan de reestructuración que contempla un despido laboral masivo. La situación se conoció luego de una reunión entre el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del organismo.

Según trascendió, el presidente del INTI, Miguel Romero, recibió el pedido de avanzar con una nueva estructura desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. La propuesta contempla la desvinculación de más de 700 trabajadores.

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Los despidos podrían llegar a 700 trabajadores.

Los despidos podrían llegar a 700 trabajadores.

Una reestructuración en disputa

De acuerdo a lo expresado en un comunicado, esas 700 bajas podrían representar apenas la mitad de los recortes exigidos por la administración nacional. El dato expone la magnitud del ajuste en discusión dentro del organismo.

Sin embargo, Romero tomó distancia de esa posibilidad y dejó en claro su postura frente al conflicto. “El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir”, afirmó. En la misma línea, aseguró que, de concretarse las desvinculaciones, no serán bajo su gestión: ni él ni su equipo firmarán los despidos.

Protesta y alerta por el rol del organismo

En este contexto, trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de protesta para hoy a las 10, con una conferencia de prensa en la puerta del instituto. La medida apunta a rechazar el accionar del Gobierno y advertir sobre las consecuencias de los recortes.

Desde el sector gremial también pusieron el foco en el impacto más amplio de la decisión. Daniel Luna, integrante de la lista Naranja-ATE, advirtió que la reducción del organismo implica que “la población no tiene el garante imparcial del Estado en materia de calidad de un producto” y que esa función “quedará en manos privadas”, ya que las empresas deben seguir certificando para poder comercializar.

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