Las provincias argentinas pierden 1,15 billones de pesos por la caída de la recaudación en el primer trimestre. El salvavidas político de Javier Milei.
Las provincias argentinas cerraron el primer trimestre del año con un deterioro significativo en sus recursos. Las transferencias automáticas del Estado nacional acumularon entre enero y marzo una caída real del 6,4% respecto del mismo período de 2025, lo que equivale a una pérdida de 1,15 billones de pesos para el conjunto de los distritos, en sintonía con el desplome de la recaudación fiscal mes a mes.
Marzo completó la tercera baja interanual consecutiva en este tipo de envíos, en un contexto en que la recaudación impositiva nacional encadena ya ocho meses de retroceso en términos reales.
El mes pasado, la suma de las transferencias por Coparticipación Federal, leyes especiales y compensaciones por el Consenso Fiscal totalizó 5,05 billones de pesos. A valores constantes, ese resultado representó una merma del 4,3% frente a marzo de 2025. Además, la comparación con febrero arrojó un deterioro del 9,9%, explicado en parte por el pago en ese mes de anticipos del Impuesto a las Ganancias correspondientes a empresas con cierre de balance en diciembre, un ingreso extraordinario que no se repitió en marzo.
A diferencia de la motosierra que el Gobierno nacional ha aplicado sobre otras partidas, la reducción en las transferencias automáticas no responde a una decisión política de restringir el gasto, sino a la evolución descendente de la base imponible. Es decir, a la realidad económica del país, que atraviesa la paradoja de crecimiento estadístico pero que no se refleja en casi ningún ítem de la economía.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que la recaudación de marzo sumó 16 billones de pesos, con una variación nominal del 26,2% interanual. Sin embargo, con una inflación estimada en torno al 32%, ese crecimiento resulta insuficiente para mantener el nivel real de ingresos. La caída en términos constantes fue de algo más del 4%.
Los factores que incidieron negativamente son múltiples. En primer lugar, la reducción de alícuotas de derechos de exportación para soja, trigo y maíz respecto de las vigentes en marzo de 2025, cuando además regían alícuotas diferenciales para quienes cumplieran plazos específicos de liquidación de divisas. Los derechos de exportación recaudaron apenas 503.612 millones de pesos, con una caída nominal del 14,6%.
En segundo lugar, la desaceleración de las importaciones, asociada tanto a la elevada base de comparación de 2025 como a una economía en retracción, redujo el aporte de los derechos de importación.
El Impuesto a las Ganancias, por su parte, acusó la ausencia de anticipos de empresas con cierre en diciembre, que en este ciclo ya habían completado sus pagos, y la normalización del cronograma de personas humanas, que el año anterior había tenido un vencimiento extraordinario en marzo. El resultado fue una variación nominal del 17,1%, muy por debajo de la inflación, con una recaudación de 2,6 billones de pesos.
Entre los principales tributos, el IVA (reflejo inmediato del consumo) tuvo una suba nominal del 28,7%, lo que en términos reales significa una caída de casi 4 puntos.
El Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (impuesto al cheque) fue uno de los pocos rubros que superó la inflación, con un incremento del 38,4%, explicado en parte por contar con dos días hábiles adicionales respecto de marzo de 2025.
La Seguridad Social creció 28,5% (caída real de 4 puntos), por el aumento de las remuneraciones, aunque moderada por el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y la constante destrucción de puestos de trabajo registrados.
El Impuesto a los Combustibles Líquidos registró el mayor salto relativo, con una suba del 78,8%, atribuida principalmente a actualizaciones de la alícuota.
En cuanto a la distribución territorial, los números de marzo reflejan una geografía del deterioro que alcanza a casi todos los distritos. Salta fue la única jurisdicción que registró una variación positiva (0,4%), gracias a los recursos del Consenso Fiscal, que compensaron la caída en los envíos por Coparticipación.
Buenos Aires tuvo una baja del 1,8%. En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires perdió el 7,2% en términos reales, seguida por Tucumán (-6,3%), Córdoba (-6,1%) y Santa Fe (-6%). Mendoza, La Rioja y Formosa retrocedieron un 5,2% cada una.
El propio ministro de Gobierno Natalio Mema había adelantado en Aconcagua Radio la caída de la coparticipación y la preocupación que abarca a Mendoza y todas las jurisdicciones.
En la noche de ayer el Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei firmó un decreto que habilita un mecanismo de adelantos de coparticipación destinado a provincias con dificultades financieras, con un tope de hasta 400 mil millones de pesos. La medida apunta a brindar liquidez inmediata a los distritos, en función del porcentaje de coparticipación que les corresponde, y evitar tensiones en sus cuentas públicas. Pero sobre todo el objetivo político de consolidar la relación con los Gobernadores que en las últimas horas comenzaron a hacer llegar sus quejas a la Rosada.
El esquema alcanzará a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Además, Entre Ríos ya había sido incorporada en enero de 2026 dentro de esta política de asistencia, que desde el Gobierno definen como una práctica histórica de apoyo a las administraciones subnacionales.
Según fuentes oficiales, la operatoria consistirá en anticipar fondos de coparticipación que deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. El objetivo es que las provincias puedan cubrir gastos corrientes sin recurrir al financiamiento en el mercado, donde las tasas de interés se ubican entre el 30% y el 45%, mientras que el Gobierno nacional aplicará una tasa del 15% para estos adelantos, reduciendo así el costo financiero para las jurisdicciones.
La consultora Politikon Chaco advirtió que la pérdida acumulada en el primer trimestre equivale, en valores actuales, a 1,151 billones de pesos para el conjunto de provincias y la Ciudad. La magnitud del dato cobra especial relieve si se considera que los gobiernos subnacionales tienen a su cargo el grueso del financiamiento de los sistemas de salud, educación y justicia.
El deterioro de los recursos no solo compromete el pago de salarios del sector público provincial, sino también el mantenimiento de la infraestructura con la que se prestan esos servicios.
A ese cuadro podrían sumarse, en los próximos días, los datos correspondientes a las transferencias no automáticas del primer bimestre, cuyas caídas vienen siendo más pronunciadas que las de los envíos por coparticipación. Si esa tendencia se confirma, el panorama fiscal para las provincias resultará aún más exigente de lo que los números actuales permiten anticipar.
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