El episodio de inestabilidad cambiaria que atravesó el mercado en la Argentina no se originó en un shock externo ni en una corrida especulativa inesperada. Fue, en rigor, la consecuencia directa de una decisión de política monetaria mal calibrada por parte del equipo económico del gobierno liderado por Luis “Toto” Caputo. El Gobierno desactivó en junio las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) —instrumento que permitía absorber pesos en el día— con el objetivo de consolidar su consigna de “emisión cero”.
La intención del equipo de Milei era forzar al sistema financiero a migrar hacia instrumentos más largos, eliminando los pasivos remunerados de corto plazo. Sin embargo, en un contexto de tensión cambiaria latente y atraso del tipo de cambio, esa jugada dejó un excedente de 10 billones de pesos flotando en el sistema, ya que los bancos prefirieron guardar liquidez para atender los posibles pedidos de sus clientes. Parte de esos fondos comenzó a dolarizarse, encendiendo las alarmas.
Luis Caputo. El ministro de Economía de la Argentina intenta pasar el mal trago al que lo llevaron los errores de cálculo
El costo fiscal de apagar el incendio
La respuesta fue inmediata: el Gobierno activó lo que algunos analistas bautizaron como la “Operación Matafuego”, un paquete de medidas improvisadas para contener la escalada del dólar. Incluyó intervenciones en el mercado de futuros, el regreso de pases pasivos entre bancos y, sobre todo, una colocación extraordinaria de Letras de Capitalización (Lecap), con tasas significativamente más altas que las vigentes antes del error.
La licitación del miércoles pasado reflejó el nivel del daño: se absorbieron 4,7 billones de pesos, casi la mitad de los emitidos, pero a un costo financiero altísimo. Algunas colocaciones pagaron tasas de hasta 48% anual, muy por encima de una inflación que en el primer semestre apenas superó el 15% y que, según las proyecciones del mercado, cerraría el año en torno al 27%.
Efecto contractivo y presión futura
El problema no es solo contable. El brusco aumento del costo del dinero tendrá efectos contractivos sobre la economía. La recuperación del consumo —ya debilitada por la caída del poder adquisitivo— sufrirá un nuevo golpe, y la inversión productiva se verá aún más restringida por la preferencia financiera hacia el carry trade.
El economista Juan Manuel Telechea fue categórico en su red social: “Tenemos la misma liquidez que antes, pero ahora con una tasa mucho más cara”. Por su parte, el analista Carlos Rodríguez —exasesor de Milei— advirtió en X: “¿Con qué piensan pagar esas tasas?”. La emisión futura parece inevitable, más allá del discurso oficial.
Tensiones y contradicciones
La torpeza fue reconocida de forma implícita incluso dentro del oficialismo. Según diversas fuentes del sistema financiero, los bancos ya habían advertido al equipo económico sobre los riesgos de eliminar las LEFI sin un reemplazo eficaz. El propio presidente Javier Milei, lejos de asumir la responsabilidad, señaló que fueron las entidades las que pidieron luego la licitación de emergencia.
La contradicción entre la prédica libertaria y la praxis intervencionista quedó nuevamente al desnudo. No solo se convalidaron tasas exorbitantes, sino que además el Banco Central intervino con fuerza en el mercado de futuros, destinando casi 280 millones de dólares para contener la cotización del dólar.
El mercado financiero no respondió con entusiasmo. Lejos de festejar la contención de la corrida, la jornada del miércoles cerró con caídas de hasta el 5% en acciones argentinas en Wall Street, una pérdida del 2,3% en la bolsa porteña y una nueva suba del riesgo país, que se mantiene en niveles preocupantes, por encima de los 730 puntos básicos.
Dólar: Un segundo semestre condicionado por el agro
En paralelo, la liquidación de divisas del sector agroexportador, pilar del ingreso de dólares, enfrenta una dinámica desigual. Hasta el 22 de julio se espera un flujo elevado, vinculado al vencimiento del esquema de rebaja temporal de retenciones, pero a partir de agosto, el aporte mensual del agro caerá sustancialmente. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y del Grupo Adcap, la baja será “drástica” y podría dejar al Tesoro con menos herramientas cambiarias frente a nuevas presiones.
En este contexto, los analistas proyectan una nueva suba del tipo de cambio oficial en el tercer trimestre, aunque sin ruptura del esquema de flotación administrada. La dinámica de la cuenta financiera —más que la comercial— será determinante para evitar sobresaltos.
Reservas y FMI: la otra presión
El Gobierno sigue acumulando reservas de manera intermitente, con compras recientes por 500 millones de dólares. Pero los compromisos con el FMI pesan. Las reservas netas están 6.600 millones por debajo de la meta del tercer trimestre, lo que obliga a mostrar disciplina fiscal, incluso a costa de mayor ajuste.
La presión sobre el tipo de cambio, provocada por una errónea decisión de política monetaria, dejó expuestas las limitaciones estructurales del programa económico del oficialismo. Las intervenciones ad hoc, lejos de fortalecer el esquema, muestran la creciente dependencia de las herramientas tradicionales que el Gobierno decía querer dejar atrás.
Mientras la retórica libertaria insiste en una supuesta solidez macroeconómica, la realidad muestra una economía atada con alambre, sostenida por emisión encubierta, tasas de interés prohibitivas y una oferta de divisas estacional y menguante.
