Obras "a la chilena": como es la construcción que pretende Milei.
Desde la campaña, Javier Milei lo repite como mantra: “Empezamos recortando obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan. Pero vamos a una iniciativa de obras privadas "a la chilena”. ¿Qué y cómo funciona el modelo de construcción en manos de las empresas que funciona en Chile? ¿Puede replicarse en Argentina como pretende Milei?.
El esquema de Participación Público Privada (PPP) fue un modelo que ya intentó Mauricio Macri entre 2016 y 2019. Pero en el caso de Chile se implementó en los 90 y significa que el Estado le otorga a una empresa llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo mediante concesiones. El ejemplo claro es un corredor vial, donde el privado cobraría peaje a cambio de realizarlo, pero también en Chile también se hicieron así aeropuertos y cárceles.
De acuerdo a un relevamiento, existen unas 3.500 obras públicas en ejecución en todo el país, y fuentes del sector privado señalan que en el mundo desarrollado la inversión privada “pura” ronda entre un 7% y un 8%, una cifra baja.
La adopción de un modelo “a la chilena” fue confirmada por quien será el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Y en una reciente entrevista, el propio Milei declaró: “Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado”.
Esa confirmación ya generó incertidumbre en el sector de la construcción enfocado en la obra pública. Sin embargo, hay que esperar precisiones sobre su implementación por parte del nuevo Gobierno al respecto.
Según Carlos Aparicio, ingeniero y docente chileno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en el país vecino conviven 2 sistemas: el de licitaciones y el de concesiones.
Básicamente, con una concesión el privado construye y recibe el derecho de explotar una inversión. Se licita la obra de infraestructura entre empresas, con las cuales el Estado firma un contrato: las empresas se hacen cargo de gastos y actividades para que la prestación funcione como estaba planeado, siempre con seguimiento de autoridades (garantes). Generalmente, se instalan tasas, tarifas especiales o peajes para explotar esa obra y obtener una remuneración por acciones como iluminación, señalización y la mantención de los caminos.
Por caso, si una empresa hace una autopista, se queda con el derecho a cobrar peajes por 20 o 35 años. Finalizado este tiempo, el Estado puede hacerse cargo del servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y manteamiento.
“Hoy la red caminera de Chile es reconocida como una de las mejores de América Latina, y se han construido 20 hospitales concesionados, 10 cárceles. Es parte del éxito, y a la vez ha permitido que los recursos públicos que se podían haber destinado para esos fines, hayan sido destinados a mejorar la infraestructura complementaria", explicó Aparicio.
En números, Chile tiene 80 mil kilómetros de caminos pavimentados, de los cuales 3.000 son concesionados. Pero los recursos liberados para el Estado, "han permitido mejorar del orden de 10 a 12 mil kilómetros de la red alternativa”, dijo a El País Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas del Gobierno del expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006).
Lucas Luciano, empresario constructor y presidente de Camarco en la provincia de Buenos Aires, aseguró que el tipo de inversión en obras que pretende Milei tiene viabilidad apenas “entre un 7 y un 13 por ciento de obra pública”, según estudios realizados por la Cámara.
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También aseveró que “la gran mayoría de corredores viales necesita subsidios. Ninguno se autofinancia como para poder tener un repago (…). Tal vez la Panamericana, la Ruta 9, la Ruta 8, puedan autofinanciarse. Pero no corredores viales que no tienen un caudal de tránsito para hacerlo. En un estudio muy pormenorizado, solo el 13 por ciento de las obras pueden ser Participación Pública Privada (PPP). El resto lo tiene que hacer el Estado”.
Del otro lado de la cordillera, a su vez, consideran que la comparación de la realidad de Chile con la de Argentina es difícil.
Para Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y fundador de Grupo de Puebla, el modelo PPP ha funcionado regularmente en el país latinoamericano, pero advirtió algunos de los cuestionamientos.
El primero: el sobreprecio que se le cobra a los usuarios porque deja al privado "cobrar lo que quiera”, según Ominami. Y recordó que previo a la regulación detallada de contratos, los chilenos “podían endeudarse hasta 50 veces por falta de pago y terminar abonando hasta u$s30.000” por no pagar el peaje en un corredor vial.
En este sentido, asegura que la comparación entre el sistema económico que funciona en Chile y el de Argentina no es posible, porque allí “todo está basado en un sistema libre de elegir, pero es una trampa, no es la libertad de elección, sino la libertad de endeudarse”. Así, los hogares están endeudados en un 75% frente a los bancos, y los alumnos a los 23 años ya mantienen deudas de u$s20.000 para acceder a sus estudios. (Ámbito/Página 12/La Nación).