La reforma laboral incluye en su capitulo impositivo el RIMI que busca impulsar inversiones PyME con beneficios fiscales. Gusto a poco en el sector.
La Ley de Reforma Laboral que obtuvo media sanción en el Senado y quedó a la espera del tratamiento en la Cámara de Diputados, viene con aditivos que quedaron tapados por la polémica de los cambios laborales. Entre ellos el reclamado y también polémico RIGI para pymes, conocido como RIMI.
Qué es el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones
El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) es presentado como un instrumento para promover inversiones productivas de menor escala que las alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A diferencia de este último, que otorga incentivos fiscales y jurídicos durante treinta años para proyectos superiores a los 200 millones de dólares, el RIMI se orienta a captar capitales nacionales y extranjeros de carácter mediano, con el objetivo declarado en el proyecto de fortalecer la competitividad, incrementar exportaciones y fomentar la creación de empleo.
El régimen, de seguir su tránsito por Diputados, está destinado a sujetos jurídicos encuadrados como micro, pequeñas y medianas empresas, hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2 inclusive. Para acceder, las firmas deberán realizar inversiones durante los dos primeros años de vigencia de la ley, orientadas a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos (con excepción de automóviles) amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la ejecución de obras. Quedan expresamente excluidas las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio, reforzando el carácter productivo del esquema.
Los montos mínimos exigidos varían de acuerdo con el tamaño de la empresa: 150.000 dólares para microempresas; 600.000 para pequeñas; 3,5 millones para medianas Tramo 1; y 9 millones para medianas Tramo 2. No obstante, el proyecto introduce una excepción relevante al establecer que las inversiones productivas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y ganadería podrán ser promovidas con independencia del monto invertido.
Este punto generó observaciones desde distintos sectores. El Consejo Agroindustrial Argentino planteó que los beneficios no se limiten a empresas que facturen como PyMEs, sino que se extiendan también a compañías agropecuarias y agroindustriales que superen ese umbral de facturación. La sugerencia, sin embargo, no fue incorporada en el proyecto aprobado por el Senado.
Desde el punto de vista fiscal, el RIMI ofrece dos beneficios centrales: un régimen de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado por inversiones en bienes de capital. Ambas herramientas buscan mejorar el flujo de caja de las empresas y reducir el costo financiero asociado a las inversiones productivas, en un contexto de elevada presión tributaria y restricciones crediticias.
El proyecto también introduce modificaciones puntuales en el Impuesto a las Ganancias. Se mantiene una alícuota base del 25% para las ganancias corporativas, pero se reduce la tasa máxima para los tramos superiores, que pasaría del 35% al 31,5%. Asimismo, se restablece la actualización de los quebrantos impositivos generados a partir de 2025 mediante el Índice de Precios al Consumidor, aunque sin resolver el tratamiento de los quebrantos acumulados en años anteriores, un aspecto que continúa generando litigiosidad y tensiones financieras para las empresas.
El IERAL señala que las reformas avanzan en una dirección razonable, pero actúan sobre aspectos periféricos del esquema tributario. En relación con el RIMI, el instituto reconoce su intención de reducir las asimetrías con el RIGI, aunque subraya que los beneficios otorgados a las PyMEs siguen siendo significativamente más acotados que los concedidos a los grandes proyectos de inversión.
Desde una mirada más amplia, el informe del IERAL advierte que las modificaciones incluidas en la Ley de Modernización Laboral pueden generar alivios puntuales y ciertos estímulos a la inversión, pero no alcanzan para resolver los problemas estructurales del sistema tributario argentino. Entre las prioridades pendientes menciona la reducción gradual de los impuestos más distorsivos, la sustitución por tributos menos dañinos para el crecimiento y la preservación del equilibrio fiscal.
La discusión en Diputados será clave para definir si estas reformas logran traducirse en un marco más favorable para la inversión productiva y la creación de empleo formal, o si quedarán limitadas a ajustes parciales en un sistema que continúa demandando una reforma integral.
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