Impuesto al efectivo: cómo podría afectar a quienes menos tienen
El especialista en seguridad social, Carlos Gallo, explicó por qué la idea busca transparentar la economía, pero no sería aplicable en muchas regiones del país.
El impuesto al efectivo reaviva el debate sobre quién paga más en Argentina
La reciente propuesta de aplicar un impuesto al efectivo impulsada por el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, reabrió la discusión sobre el sistema tributario argentino. Para Carlos Gallo, experto en seguridad social, la medida “no sería viable en un país donde gran parte de la población, especialmente los jubilados, depende del efectivo para sobrevivir”.
– ¿Cómo interpreta la propuesta de Emmanuel Álvarez Agis de aplicar un impuesto al efectivo?
Carlos Gallo (CG): Me parece una propuesta disruptiva que busca abrir el debate tributario, no necesariamente una medida concreta para implementar. Agis intenta poner en discusión cómo se recauda y quiénes pagan los impuestos. Pero creo que es discutible y de difícil aplicación, sobre todo pensando en los jubilados, que son quienes más usan el efectivo.
– ¿Por qué considera que podría perjudicar a los jubilados?
CG: Porque muchos adultos mayores no utilizan tarjetas ni billeteras virtuales. En muchas zonas del país ni siquiera hay conectividad o posnet. Aplicar un impuesto al efectivo sería cargarle un costo adicional a quienes menos opciones tienen, en un contexto donde su poder adquisitivo ya está deteriorado.
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"Más allá de estar o no de acuerdo, el debate sobre el sistema tributario es necesario y saludable", expresó Carlos Gallo.
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– ¿Cree que el objetivo del economista iba dirigido a ese sector?
CG: No, en realidad no. El planteo de Álvarez Agis no apunta a los jubilados, sino al mercado informal de grandes capitales que se mueve en negro. Él busca que la discusión se centre en cómo hacer que los sectores de mayor poder económico también aporten más. Pero el problema es que, en la práctica, una medida así termina afectando a los más vulnerables.
– ¿Qué lectura hace de la reacción del Gobierno ante la propuesta?
CG: La repercusión fue fuerte, en parte por la respuesta del presidente Javier Milei, pero también porque no hay muchas propuestas concretas de política económica. Entonces, cuando alguien plantea algo disruptivo, genera ruido. Más allá de estar o no de acuerdo, el debate sobre el sistema tributario es necesario y saludable.
– ¿Cómo se vincula esta discusión con la situación actual de la seguridad social?
CG: Hoy tenemos una caída del 19% en la recaudación de impuestos que financian la seguridad social, comparando septiembre de 2025 con el año anterior. Esto se debe, entre otros factores, a la desaparición del impuesto PAÍS y la baja del IVA. En ese marco, cualquier medida que reduzca aún más la liquidez o el consumo impacta directamente en las jubilaciones y pensiones.
– ¿Qué consecuencias puede tener esta caída de la recaudación?
CG: Si los ingresos del Estado disminuyen, solo queda ajustar las salidas, y eso se traduce en reducción de prestaciones sociales. Ya lo estamos viendo con el bono congelado a los jubilados, las bajas de pensiones no contributivas y el riesgo de que la movilidad jubilatoria quede desactualizada frente a la inflación.
– ¿Qué lugar ocupa la Asignación Universal por Hijo en este contexto?
CG: Es una de las pocas políticas que tuvo un aumento real desde el inicio del gobierno de Milei, ya que se duplicó su valor. Pero al desengancharla de la movilidad jubilatoria, a partir de 2026 su actualización quedará a discreción del Ejecutivo. Eso significa que podría ajustarse por debajo de la inflación, afectando nuevamente a los sectores más vulnerables.
– ¿Cuál cree que debería ser la discusión de fondo?
CG: Tenemos que hablar seriamente sobre quiénes pagan impuestos y cómo se distribuyen los recursos. No se puede seguir cargando el peso del ajuste sobre los jubilados, trabajadores y pymes. Si hay que revisar el sistema tributario, que sea para que los que más tienen aporten más, no para castigar a quienes apenas llegan a fin de mes.