El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el viernes la primera revisión del acuerdo con Argentina por una deuda de 44.000 millones de dólares, según confirmó una fuente con conocimiento del tema a Reuters.
5 de octubre de 2026
La recaudación impositiva de Argentina, y también el nivel de reservas del Tesoro, bajo la lupa del FMI
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el viernes la primera revisión del acuerdo con Argentina por una deuda de 44.000 millones de dólares, según confirmó una fuente con conocimiento del tema a Reuters.
Ese segundo desembolso desde Washington implicará USD 4.000 millones para el Banco Central, aunque una parte de ese total se utilizará para devolver el préstamo Stand By de 2018 al Fondo, de acuerdo al calendario vigente. De acá a finales de septiembre, la Casa Rosada tiene comprometidos pagos al organismo por poco más de USD 4.900 millones más.
De todos modos, tanto en Buenos Aires como en el staff del FMI entienden que la discusión del cumplimiento de las metas del primer trimestre no fue el tema más importante del encuentro. El debate que vale es el que llegará después: cómo marchan -en forma provisoria, ya que la evaluación formal será en agosto o septiembre- los objetivos trimestrales del período que va de abril hasta la semana que viene. Es en ese momento en que los números se vuelven más nebulosos.
Esto se debe a que la intención del Ministerio de Economía, que cuenta con el aval del equipo técnico del Fondo Monetario, es “recalibrar” las metas intermedias trimestrales, es decir, modificar la secuencia de acumulación de reservas y de déficit primario por la que el Gobierno llegaría a cumplir los objetivos anuales previstos por la deuda, que no fueron modificados.
El argumento oficial es que, en términos de acumulación de divisas en el Banco Central, por ejemplo, el impacto de la guerra fue tal que la estacionalidad habitual de ingreso fuerte de dólares a la autoridad monetaria por la liquidación del complejo agroexportador se vio trastocada por el gasto adicional que tuvo que hacer el Poder Ejecutivo para pagar las importaciones de energía para los meses fríos a precios mucho más altos que el año pasado. En realidad, la desconfianza, el fuerte pago de importaciones y la alta brecha cambiaria conspiraron contra este objetivo.
En el frente fiscal, afirman, hubo un alza del gasto público por el refuerzo de ingresos que el Gobierno determinó para un sector del mercado laboral y para jubilados, que tendría un costo para el Tesoro que rondará los $210.000 millones y que impactarán en las cuentas públicas de mayo y junio. Además de un incremento en los subsidios energéticos por el shock de precios internacional, que se sumaron a una inflación que ya era alta previamente al inicio de la guerra en Ucrania, en torno del 53% anual en febrero.
