Argentina le confirmó al FMI que antes de fin de año y post elecciones, el INDEC implementará la nueva metodología de medición de la inflación.
Según se desprende del informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cual el directorio aprobó el giro de 2.000 millones de dólares a la Argentina, el equipo económico le confirmó al organismo que antes de fin de año se implementará la nueva metodología del INDEC para medir la inflación.
Este anuncio, largamente demandado por expertos y analistas, representa un intento de modernizar el sistema estadístico argentino y ajustarlo a los hábitos de consumo actuales.
La actualización estadística, que fue confirmada por Guillermo Francos en su informe ante el Congreso, comenzaría a regir entre noviembre y diciembre. Según fuentes de los trabajadores del INDEC, los cálculos paralelos que se vienen realizando para observar la nueva metodología y realizar las comparaciones estadísticas vienen dando, sistemáticamente, un IPC superior al que se informa mes a mes con la metodología actual.
Hasta el momento, la medición de la inflación en la Argentina se basaba en los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005, un relevamiento que, a casi dos décadas de distancia, había dejado de reflejar la realidad del consumo.
La nueva metodología se apoyará en los datos provistos por la ENGHo 2017-2018, lo que permitirá recoger con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de compra de los hogares argentinos.
De acuerdo con el texto emitido por el FMI y los propios funcionarios del INDEC, el renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzaría a regir a finales de 2025. Sin embargo, la fecha exacta de publicación se mantiene en discusión y dependerá de futuras revisiones y avales institucionales.
La ENGHo constituye la herramienta central para estimar cómo y en qué gastan los argentinos, capturando una “fotografía completa” de sus ingresos y consumos.
Su actualización resulta fundamental para evitar distorsiones y garantizar que el IPC represente fielmente la estructura social y económica del país.
En ese sentido, la nueva metodología no solo modificará los ponderadores de los diferentes rubros —dando más peso a algunos sectores y restándolo a otros—, sino que también sumará bienes y servicios emergentes, como suscripciones a plataformas de contenido digital y servicios de comunicaciones.
El nuevo mecanismo ampliará el universo de productos y precios relevados: de los actuales 320.000 precios y 24.000 informantes, se pasará a contemplar 500.000 productos.
Entre las modificaciones de mayor relevancia que se esperan en la variación en el peso relativo de cada categoría.
Alimentos y bebidas no alcohólicas caerán del 26,9% al 22,7% de la canasta.
Prendas de vestir y calzado disminuirán del 9,9% al 6,8%.
Restaurantes y hoteles, del 9% al 6,6%.
Salud y equipamiento del hogar también verán reducidos sus ponderadores.
Por otro lado:
Vivienda, electricidad, gas y otros servicios pasarán de representar el 9,4% al 14,5%.
Transporte, del 11% al 14,3%.
Comunicaciones, del 2,8% al 5,1%.
Según lo que se afirma desde el INDEC esta redistribución busca ajustar el índice a los patrones de consumo contemporáneos y otorgar mayor protagonismo a los servicios y los gastos vinculados a vivienda y transporte, rubros que han cobrado creciente importancia para las familias en los últimos años. Sin embargo, ya antes de aplicarse algunos ítems como la baja de la ponderación de alimentos y salud ya generan polemica.
Aunque la incorporación de productos y servicios modernos podría sugerir cambios abruptos en el resultado del indicador, las autoridades del INDEC y especialistas subrayan que las diferencias entre el viejo y el nuevo IPC generan variaciones mensuales marginales, manteniendo la tendencia general.
Según un informe de la consultora Equilibra, en la serie larga entre diciembre de 2016 y febrero de 2025 la inflación acumulada medida con ambos esquemas apenas difiere: 7.930% para el IPC actualizado y 7.953% para el vigente.
Pero las divergencias más notorias se registran en períodos breves y críticos, como transiciones de gobierno o episodios de brusca alteración de precios relativos como el que se vive actualmente.
Mientras el Gobierno acomoda los tiempos de la actualización estadística a sus necesidades electorales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó sobre la gravedad del cuadro productivo, especialmente para las pymes: el aumento de los costos -que rondó 25% en el último período, impulsado por subas tarifarias-, la caída de la rentabilidad y las restricciones financieras han llevado al cierre de numerosas empresas y la salida de multinacionales del país.
A esto se suma un sostenido descenso en las ventas minoristas, con dos meses consecutivos de bajas interanuales y una nueva caída del 6,7% mensual en junio, reflejando un deterioro del consumo interno.