Javier Milei impulsa una ley para imponer el déficit cero permanente, limitar el gasto y penalizar la emisión monetaria. ¿Un avance sobre la Constitución?
Javier Milei busca perpetuar el déficit cero con una ley de consecuencias penales
El Gobierno nacional volvió a colocar en el centro del debate político y económico una de las banderas más firmes de la gestión de Javier Milei: la erradicación definitiva del déficit fiscal y de la emisión monetaria sin respaldo.
El presidente avanzó fuerte con su promesa electoral elevando junto al Presupuesto el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el oficialismo busca dotar de carácter permanente a una serie de reglas (de dudoso carácter constitucional) que restrinjan la política fiscal y monetaria, con implicancias institucionales, penales y macroeconómicas de largo alcance.
La propuesta se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la reforma laboral y la consolidación del ajuste fiscal iniciado en los primeros meses de la actual administración. En términos formales, el proyecto establece que el Presupuesto General de la Nación deberá proyectar, de manera obligatoria, un resultado equilibrado o superavitario. Para garantizar su cumplimiento, prevé un mecanismo automático de ajuste en caso de caída de ingresos o aumento de gastos, eliminando supuestos márgenes de discrecionalidad política.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la introducción de requisitos adicionales para la sanción de nuevas leyes de gasto. Toda norma que implique erogaciones deberá contar con un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, que identifique de manera explícita la fuente de financiamiento no solo para el ejercicio en curso, sino también para los años siguientes. Además, las leyes que autoricen gastos no contemplados en el presupuesto vigente solo podrán entrar en vigor cuando sean incorporadas en el presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que cuenten con recursos específicos garantizados.
El proyecto también avanza, según los expertos de manera insólita y anticonstitucional, sobre el plano penal. Propone modificar el Código Penal para tipificar nuevos delitos vinculados al manejo irresponsable de las finanzas públicas. Se prevén penas de prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el presupuesto sin recursos acreditados. En el caso de autoridades del Banco Central, las sanciones son más severas: entre tres y diez años de prisión para quienes autoricen o faciliten emisiones monetarias irregulares (no especifica cuáles serían irregulares), con agravantes si se prueba ánimo de enriquecimiento personal o de terceros.
En materia de administración financiera, la ley extiende las reglas fiscales a todo el Sector Público Nacional. Esto incluye no solo a la administración central y la Presidencia de la Nación, sino también a organismos descentralizados, empresas estatales, entes reguladores y fondos fiduciarios con participación mayoritaria del Estado, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Asimismo, se prohíbe de manera expresa al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario y se condiciona la transferencia de fondos del Tesoro a la presentación completa de información presupuestaria.
El enfoque adoptado por el Gobierno genera apoyos parciales y cuestionamientos relevantes entre especialistas. Guido Zack, director de Economía del think tank Fundar, advirtió en un paper reciente que las reglas fiscales exitosas suelen combinar dos principios básicos: solvencia y flexibilidad. Desde esa perspectiva, calificó al proyecto como una “sobrerreacción”, en la medida en que impone el equilibrio fiscal independientemente del contexto macroeconómico y elimina la posibilidad de aplicar políticas contracíclicas para amortiguar las fluctuaciones del ciclo económico.
El debate de fondo trasciende el contenido técnico del proyecto y se vincula con la concepción que el propio presidente Milei tiene sobre el rol del déficit fiscal en la historia económica argentina. Para el mandatario, el desequilibrio permanente de las cuentas públicas fue la causa estructural de la inflación y del estancamiento. Bajo esa premisa, el ajuste no es presentado como una medida transitoria de estabilización, sino como el único camino posible hacia un crecimiento “genuino”, basado en el superávit fiscal sostenido.
El Gobierno refuerza permanentemente ese concepto de recaudar más de lo que se gasta a toda costa. El mismo presidente, en la noche del domingo, adelantó que ante la decisión del Congreso de votar el presupuesto sin el ya famoso capítulo 11, recortará y achicará gastos de donde sea para cumplir la base del superávit equivalente al 1,5% del PBI en 2026.
Sin embargo, la evidencia internacional matiza ese diagnóstico. En la mayoría de los países que registraron crecimiento sostenido, el déficit fiscal moderado fue la norma y no la excepción. De los 196 países monitoreados por el Fondo Monetario Internacional, casi la mitad registraron déficits superiores al de la Argentina en las dos décadas previas a la actual gestión, sin que ello derivara en procesos inflacionarios comparables. El déficit fiscal mediano a nivel global fue similar al argentino.
La reducción de la inflación lograda por el actual Gobierno es innegable. Pero que el ajuste haya contribuido a ese resultado no implica necesariamente que el déficit haya sido su causa principal. En economías donde el sector privado busca ahorrar en moneda local, el déficit cumple una función: proveer los instrumentos financieros necesarios para canalizar ese ahorro. La clave no es la ausencia total de déficit, sino la consistencia entre política fiscal, política monetaria y crecimiento del producto.
En este contexto, el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, junto con el espíritu del Presupuesto que probablemente reciba su aprobación final el viernes, condensa una definición política clara: privilegiar reglas estrictas y permanentes por sobre la flexibilidad macroeconómica. El interrogante que queda abierto es si ese marco jurídico, pensado para consolidar la estabilidad, será compatible con un sendero de crecimiento sostenido en una economía históricamente volátil como la argentina y, sobre todo, si está dentro de la Constitución.