La nueva tabla de incapacidades laborales del Gobierno modifica criterios y porcentajes, impactando a trabajadores, empleadores y aseguradoras desde 2026.
Cómo será la nueva tabla de incapacidades laborales que el Gobierno implementará desde 2026
El Gobierno impulsó una modificación fundamental en el sistema de riesgos del trabajo mediante una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. Esta actualización fue oficializada en el Boletín Oficial a través del Decreto 549/2025, que reemplaza al Anexo I del Decreto 659/1996, el cual regulaba hasta ahora la valoración de las incapacidades laborales en el país.
Esta medida afecta a trabajadores, empleadores, aseguradoras de riesgos del trabajo, así como a los organismos administrativos y judiciales involucrados en la evaluación de incapacidades por accidentes laborales o enfermedades profesionales.
La nueva tabla entrará en vigencia 180 días después de su publicación, es decir, a partir de febrero de 2026, y se aplicará a todas las valoraciones o determinaciones de incapacidad laboral que no hayan sido dictadas antes de esa fecha, sin importar la etapa administrativa o judicial en que se encuentren.
La normativa destaca la necesidad de modernizar los criterios de evaluación de incapacidades laborales para alinearlos con los avances tecnológicos, científicos y médicos. El decreto señala que la tabla anterior, vigente desde 1996, requería una actualización para responder a las nuevas realidades.
Además, el objetivo es “garantizar la objetividad y precisión en la valoración del daño sufrido por el trabajador, considerando el deterioro físico y psíquico, y aplicando un criterio uniforme y racional para el resarcimiento de las secuelas incapacitantes permanentes”.
La nueva normativa otorga a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, la responsabilidad de dictar normas complementarias y aclaratorias para su correcta aplicación. También le encomienda ejecutar planes de difusión y programas de formación dirigidos a los profesionales de salud que integran los Cuerpos Médicos Forenses y los Peritos Médicos Oficiales.
El decreto invita a las jurisdicciones provinciales a crear o integrar estos cuerpos especializados, según la Ley 27.348, y a habilitar mecanismos para inscribir a profesionales médicos. El propósito es lograr una valoración homogénea del daño psicofísico en todo el país, evitando la dispersión de criterios y la discrecionalidad en la determinación de incapacidades.
Según el texto, la intervención de estos expertos “garantizará que las incapacidades laborales sean evaluadas con formación específica en riesgos del trabajo, permitiendo emitir dictámenes basados en estándares técnicos rigurosos”.
Además, se destaca que la labor de peritos médicos oficiales y cuerpos forenses aporta imparcialidad a los dictámenes, dado que su remuneración no depende del resultado del pleito, lo que asegura mayor objetividad. La uniformidad nacional en la valoración también protege principios de razonabilidad, igualdad y equidad entre los damnificados.
El nuevo sistema introduce criterios objetivos y cuantificables, asignando porcentajes específicos a cada secuela física o psíquica y eliminando intervalos en las tablas para reducir la discrecionalidad y asegurar evaluaciones más consistentes.
El anexo del decreto incluye un listado detallado con porcentajes para lesiones y enfermedades, abarcando sistemas como piel, osteoarticular, oftalmológico, respiratorio, cardiovascular, nervioso, psiquiátrico, oncología, entre otros.
La valoración se basa en el grado de dificultad que la incapacidad implica para las tareas habituales, dividido en tres niveles: leve (5%), intermedio (10%) y alto (20%). Además, se añade un porcentaje por edad, que oscila entre 2% y 5%.
En psiquiatría, los grados de incapacidad se determinan según la gravedad de los síntomas, con un máximo del 50% en casos de síntomas psicóticos asociados a eventos traumáticos. En oncología, se aplica la clasificación TNM del American Joint Committee on Cancer, que incluye la evaluación del impacto psíquico.
La tabla ofrece ejemplos prácticos, como el caso de un trabajador de 22 años con fractura de húmero derecho sin secuelas, cuya incapacidad total calculada alcanza el 9,12% tras aplicar los factores de ponderación. También detalla métodos para valorar secuelas concurrentes o preexistentes en una misma zona anatómica.
El decreto prohíbe el uso de estudios invasivos o riesgosos para evaluar secuelas incapacitantes, aclarando que “la realización de nuevos estudios invasivos no será requerida en esta etapa del proceso, incluso si no se han realizado previamente”. La elaboración de la tabla fue realizada por un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud, cuyos nombres figuran en el anexo/ Fuente: Infobae