El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva eliminación de retenciones a la exportación para más de 200 productos de la minería argentina. La medida, publicada a través del Decreto 563/2025 en el Boletín Oficial, marca un nuevo paso en la estrategia del Ejecutivo para estimular inversiones privadas, recuperar competitividad frente a países vecinos como Chile y Perú, y reactivar una de las industrias con mayor potencial geológico del país.
Entre los productos beneficiados por esta quita se encuentran el oro, el cobre –a pesar de que aún no hay producción activa en el país–, las rocas de aplicación, minerales industriales y combustibles, mientras que la plata y el litio quedaron al margen de esta exención, manteniéndose en un 4,5% de derecho de exportación (DEX).
El anuncio fue interpretado por referentes del sector como un gesto político y económico de alto impacto, aunque también dejó planteadas algunas asignaturas pendientes. La decisión llega pocos días después de que se anunciara la mayor inversión extranjera directa en la historia argentina: el proyecto RIGI de cobre por más de 15.000 millones de dólares impulsado por la minera Vicuña.
Una señal esperada por la míneria
Para Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), la eliminación de las retenciones constituye un paso coherente y necesario para que la Argentina recupere terreno perdido frente a sus competidores regionales. En diálogo con Sitio Andino, Rodríguez subrayó que la medida es parte de una política clara de apoyo a la actividad minera, y que busca insertar nuevamente al país en la carrera por atraer inversiones internacionales.
“El decreto busca quitar las retenciones a las exportaciones, comprendiendo tanto los minerales metalíferos como los no metalíferos, piedras preciosas, combustibles. En mi opinión, está orientado a consolidar una política nacional que considera a la minería como estratégica”, explicó Rodríguez.
El dirigente minero recordó que, mientras en países como Chile o Perú la minería representa alrededor del 10% del PBI, en la Argentina apenas supera el 1,2%, a pesar de contar con un potencial geológico equivalente o incluso superior. Según su mirada, esta asimetría obedece, en buena parte, a un marco tributario desfavorable.
“Nunca hay que olvidar que la minería es también un negocio, y como tal requiere condiciones adecuadas para su desarrollo. Hasta hace poco, Argentina no era competitiva, no por falta de recursos, sino por la presión fiscal y la inestabilidad normativa. Esta medida, junto al RIGI, apunta justamente a corregir eso”, señaló.
Rodríguez también enfatizó que provincias como San Juan, Catamarca y Santa Cruz dependen en gran medida de las exportaciones mineras, que llegan a representar hasta el 80% de su comercio exterior. De allí, según explicó, la necesidad de consolidar políticas de incentivo que aseguren la llegada de nuevas inversiones y la puesta en marcha de proyectos claves como el cobre.
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El Gobierno sigue flexibilizando condiciones a la minería en busca de atraer inversiones.
Visión crítica y matizada desde la prensa especializada
Por su parte, Daniel Bosque, periodista especializado y uno de los referentes históricos de la cobertura minera en el país, aportó una mirada más prudente.
“Hice una serie de consultas en fuentes empresarias y gubernamentales. Lo que se está haciendo ahora con el decreto es un gesto hacia las economías regionales, hacia un universo de pequeñas y medianas empresas mineras. Esto no incluye al litio ni a la plata, que siguen con retención del 4,5%, lo cual ha sido un reclamo constante del sector”, explicó Bosque a Sitio Andino.
El especialista puso en perspectiva el impacto fiscal de la medida, que implicaría para el Estado una pérdida de recaudación de entre 5 y 10 millones de dólares anuales, según distintas estimaciones. Sin embargo, destacó que el mayor valor de la decisión está en lo simbólico y lo político, como un primer paso para revisar integralmente el esquema impositivo del sector.
“Se está hablando mucho del cobre y de cómo se intenta alinear este nuevo esquema de retenciones con los estímulos que propone el RIGI. La intención es clara: atraer más empresas al país, pero también dar coherencia entre el sistema de incentivos y la tributación”, explicó Bosque.
Además, el periodista remarcó que la exclusión del litio y la plata –minerales con peso creciente en el escenario internacional– puede entenderse como una decisión temporal, sujeta a nuevas negociaciones o a eventuales modificaciones en el marco tributario, especialmente si se mantiene la tendencia bajista de los precios internacionales.
Exportaciones en alza y potencial de crecimiento
El contexto del anuncio no es menor: las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico en los primeros cinco meses de 2025, con ingresos por 2.206 millones de dólares, superando el máximo anterior de 2011. De ese total, el oro representó 1.566 millones, y el litio 328 millones, lo que refleja la alta concentración del sector en pocos productos.
A pesar de estas cifras, el potencial minero argentino sigue siendo subexplotado, especialmente en rubros estratégicos como el cobre, donde el país no cuenta aún con ninguna mina operativa, a pesar de compartir la cordillera con Chile, el mayor productor mundial de este mineral.
Una política de largo aliento
El Decreto 563/2025 se inscribe en una promesa de Javier Milei para eliminar las retenciones en sectores productivos clave. Antes de este anuncio, ya se habían rebajado alícuotas para productos agroindustriales como la soja, el maíz y la carne. En el caso del petróleo y el gas, se mantiene una retención del 8%.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida no compromete la estabilidad fiscal y que apunta a mejorar el precio que percibe el productor, al mismo tiempo que se busca incrementar la producción y fomentar el empleo en economías regionales.
Más allá de los matices, tanto Rodríguez como Bosque coinciden en que la competitividad del sector depende de un enfoque integral, que combine incentivos fiscales, seguridad jurídica, infraestructura y diálogo entre el Estado y el empresariado.