Este miércoles en el SUM del Polo Judicial Penal, participó el Dr. Sebastián Sarmiento en una Audiencia Informativa para resolver la continuidad o no del uso de teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza.
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Este miércoles en el SUM del Polo Judicial Penal, participó el Dr. Sebastián Sarmiento en una Audiencia Informativa para resolver la continuidad o no del uso de teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza.
Expusieron distintas partes durante el proceso: Ministerio Público Fiscal, Servicio Penitenciario, etc, donde cada uno dio su postura respecto al tema en cuestión. Hay que tener en cuenta que la medida a la que se hizo lugar en marzo del 2020, finalizaría el 31 de diciembre próximo.
La primera en exponer fue la representante de la Procuración de Personas Privadas de la Libertad, que además es la parte peticionante. Este es el organismo que ha solicitado que, tras el vencimiento del plazo del hábeas corpus al que se hizo lugar para que personas privadas de la libertad utilicen celulares en establecimientos penitenciarios durante la pandemia, se mantenga la medida.
Daniela Parodi, representante de las personas privadas de la libertad, esgrimió argumentos para que el uso de celulares dentro de las cárceles se mantenga. “Han bajado los niveles de conflictividad y ansiedad entre los internos; se ha mejorado ostensiblemente la garantía de los derechos al tener los presos y presas mejor acceso a los servicios de justicia, a las audiencias virtuales y el seguimiento de sus expedientes”, describió.
Desde el Ministerio de la Defensa Pública, Bajuj fue la letrada que los representó y habló de un "cambio sustancial" desde que se permite el uso de celulares en las cárceles. Detalló que en el caso de su defensoría existen dos líneas de whatsapp autorizadas por la Suprema Corte, con cerca de 2000 contactos activos. Es decir que esa cantidad de personas, accede al asesoramiento que por derecho le corresponde y que, de otra manera, sería mucho más difícil. Destacó que el hecho de tener contacto directo con sus defensores les permite a las personas privadas de libertad evitar trámites burocráticos como el de tener que presentar un escrito para pedir una audiencia con su letrado.
El director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, explicó que sería imposible impedir el uso de la telefonía celular en las circunstancias actuales. Dijo que faltarían puntos de control y habría también una aglomeración no deseada de personas, situación que se había visto morigerada con la pandemia. Por eso, solicitó mantener la medida, así como también continuar con el régimen actual de visitas en los 22 establecimientos penitenciarios que contienen a 5.500 personas en la provincia. Además, pidió una revisión de la reglamentación que contemple, por ejemplo, el uso de las redes sociales.
Por último, Fernando Guzzo que estuvo en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó una prórroga de la normativa vigente, por un plazo de 3 meses, durante el cual se aporten nuevas y mejores ideas para ir progresivamente regulando la utilización de los celulares en el contexto carcelario.
La instancia final donde se tomará una decisión se expodrá la última semana de diciembre, teniendo en consideración que la normativa de uso de teléfonos celulares vence el próximo 31 del corriente mes.