miércoles 7 dic 2022
robos millonarios

Las empresas que reclaman por el "flagelo" de la inseguridad

En los últimos meses el robo de cables se convirtió en un flagelo para muchos. Las empresas deben hacer frente a este problema, que afecta también a usuarios.

Por Cecilia Zabala 1 de octubre de 2022 - 15:47

En los últimos meses el delito de robo de cables se incrementó en Mendoza, afectando a todas aquellas empresas que trabajan bajo esta modalidad, como la telefonía y las distribuidoras eléctricas. Este tema se convirtió en una verdadera problemática también para los usuarios, que son los que se terminan quedando sin los servicios. Los números dan cuenta de esta situación y desde las empresas advierten por el "flagelo" de la inseguridad.

Las más afectadas son las que ofrecen sus servicios a través de cables de cobre, principalmente las que proveen energía eléctrica y las telefónicas. Y el número da cuenta de esto: en lo que va de 2022, se han secuestrado 15 mil kilos de ese material en distintos operativos llevados a cabo en la Provincia.

El reclamo se coló en la audiencia pública por la actualización de la tarifa eléctrica llevada a cabo este jueves. Allí, el representante de Edemsa, la mayor distribuidora eléctrica de la provincia, expuso este problema. "La empresa se ha visto afectada por aumento de robo de cables, de energía, transformadores", expresó Andrés Carnevale, subgerente general de la empresa, al introducir el pedido de la firma.

"Seguimos combatiendo la problemática del robo de cables y transformadores. Este flagelo genera afectaciones del servicio eléctrico y grandes perdidas para las distribuidoras", agregó y reflejó las acciones que debió tomar Edemsa ante esta situación: "Para combatir esta situación realizamos una importante inversión, sustituyendo transformadores con bobina de cobre por nuevas máquinas con bonina de aluminio", dijo para graficar el impacto de este delito.

Según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa, durante el año pasado y lo que va de este sufrieron el robo de 400 robos transformadores. Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 kilos de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de “mercado ilegal”, una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $199.500.000 y el operativo $39.900.000, aproximadamente, según este informe.

Precisamente, esto afecta a muchas empresas que operan en Mendoza. Por citar un ejemplo, a principios de este mes en San Rafael fueron detenidas 12 personas tras el secuestro de 4 toneladas y media de cobre.

Como para dimensionar la situación, hay que decir que en lo que va de 2022, el Ministerio de Seguridad lleva secuestrados unos 15 mil kilos de cables, como cobre, aluminio y proto. Fue en distintos procedimientos tras un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Delitos Especializados. Este material luego es vendido en el mercado negro a un costo superior a los $1.300 por kilogramo, en fundiciones, $2.000. Cabe señalar que un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene aproximadamente 100 kilogramos de cobre.

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La problemática afecta a muchas empresas que operan en Mendoza.

La problemática afecta a muchas empresas que operan en Mendoza.

Ante esto avanza en la Legislatura un proyecto de la senadora Mercedes Rus que busca implementar la trazabilidad del cobre y de los metales no ferrosos, con el objetivo de frenar este delito.

La iniciativa cuenta con la sanción del Senado, y establece un régimen preventivo y de control de actividades con esos metales "ante el aumento significativo de su sustracción y el mercado ilegal, ligado a los atentados contra transformadores eléctricos, fundamentalmente en las zonas rurales de los departamentos", fundamenta. Lo que se busca es otorgar facultades de incumbencia puntual a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto.

En tanto, se debe agregar el perjuicio que sufre el usuario-cliente que se encuentra impedido de contar con el servicio eléctrico o telefónico hasta que se logra reponer lo robado y se repara el daño. Los más perjudicados son principalmente clientes vinculados a zonas rurales, donde utilizan la energía para el riego agrícola. Preocupa, además, la incidencia del robo de cables de cobre, que afecta a sectores sensibles como hospitales (por atentados en las centrales, el hospital Lencinas de Godoy Cruz y Gailhac de Las Heras sufrieron dificultades) y el aeropuerto, entre otros.

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