Mientras que cada día son más los mendocinos que eligen este dispositivo para resguardarse, no hay nada que diga cómo deben ser.
La Legislatura estudia cómo regular los cercos eléctricos en la Provincia de Mendoza.
Día a día crece la cantidad de viviendas en la Provincia de Mendoza en las que se colocan cercos eléctricos. Por la inseguridad, las familias deciden recurrir a distintos dispotivos: rejas, alarmas, cámaras, consertinas y cercos eléctricos, una especie de boyero rural (con diferencias), que descargan corriente para disuadir posibles delincuentes. ¿Es legal instalarlos? ¿Qué requisitos y características deben cumplir?
A primera instancia, a nivel nacional no existe ley que regule los cercos eléctricos, lo que significa que en la Provincia tampoco, por tanto rige la premisa de que "si no está prohibido, está permitido". Parece una obviedad, pero basándonos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, se especifica: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Es decir que puede ser utilizado siempre y cuando no exista otra disposición legal en contrario o que de ella surjan condicionamientos para su uso. Y actualmente no hay nada que lo limite.
Precisamente, en la Legislatura provincial se está estudiando la manera de darle un marco legal a esto y que haya una normativa que establezca criterios unánimes a la hora de instalar cercos eléctricos.
Desde hace unos meses la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, que preside Rolando Scanio (LUM), vienen analizando y realizando consultas a especialistas. Esto es a partir de un proyecto presentado por el ex diputado Diulio Pezzutti, que no avanzó en su momento, pero que ahora -frente a una situación cada vez más evidente- se torna necesario regular.
El proyecto propone “regular los cercos eléctricos de seguridad para uso privado y/o público en el ámbito de la provincia de Mendoza”.
Además de la cuestión legal, los legisladores consultaron a Emilio Abel, quien se desempeña en una empresa que realiza la colocación y mantenimiento de estos artefactos, y puso en contexto el tema con aspectos técnicos y aclaraciones sobre la disposiciones que siguen al trabajar con ellos.
Abel indicó que “no hay legislación” referida a la temática; sin embargo, se trabaja con la premisa de que todo aquel material que se coloca “no sea letal” y que se hace en función de proteger hogares rigiéndose por las homologaciones y reglamentaciones de los proveedores de los equipos.
El especialista aseguró que los equipos están vinculados a una “caja madre”, que suele estar oculta, en la que un transformador electrifica el cerco pero sin estar conectado a la línea de tensión domiciliaria, es decir, nunca ese cerco puede llevar conexión a la línea directa y la descarga que produzca no debe ser letal, porque a su vez, los equipos se encuentran generalmente conectados al sistema de alarma de la casa o a un avisador vinculado al teléfono celular que “avisa” sobre cualquier corte que se produzca en los hilos conducentes de tensión.
Entre los aspectos técnicos diferenció entre la tensión y la corriente, que se pueden poner diferentes hilos (generalmente se colocan con una distancia de 12 cm a 15 cm), que los colores utilizados son indistintos, y que siempre se coloca cartelería indicativa.
Aseguró que “hay mucha demanda” últimamente por estos sistemas de protección en comparación con las “concertinas” (alambres con filamentos y/o de púa) ya que si bien “la concertina no se puede electrificar”, y se coloca uno u otro sistema de protección, quienes quieren delinquir arrojan una frazada o tela gruesa por encima de la misma para no sufrir cortaduras y saltan el obstáculo. De ahí, según Abel, el crecimiento de los pedidos de los cercos eléctricos.
Sobre los proveedores, Emilio Abel indicó que la gran mayoría se encuentra en Buenos Aires, que en Mendoza son pocos los que pueden producir estos materiales.
En definitiva, y ante las propuestas de los legisladores, el especialista se mostró de acuerdo en que se efectúen cursos de capacitación, mantenimiento para homologar equipos y también a las personas encargadas de estos temas, y que se reglamenten algunos artefactos.
El presidente de la comisión admitió que "aún falta mucho" por estudiar y definir respecto a cómo implementar la regulación. Aseguró que se piensa en darle a los municipios la competencia de habilitar la instalación de estos dispositivos, pero unificando criterios a nivel provincial.