La fiscal de Instrucción y Penal de Menores y Tránsito presentó la renuncia días atrás luego de que se solicitara el Jury de enjuiciamiento en su contra y el propio gobernador la cuestionara.
Revuelo en el Poder Judicial de Malargüe: el Gobierno aceptó la renuncia de la fiscal Andrea Lorente
Claudio AltamiranoEl escándalo en torno a la fiscal de Malargüe, Andrea Lorente, llegó a su fin con la aceptación de su renuncia por parte del Gobierno. La cuestionada funcionaria pública presentó su dimisión luego de quedar al borde de un jury de enjuiciamiento por mal desempeño. El caso generó revuelo en el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.
La fiscal de Instrucción y Penal de Menores y Tránsito de la ciudad de Malargüe, Andrea Lorente, presentó la renuncia días atrás luego de que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza solicitara el Jury de enjuiciamiento en su contra, y el gobernador Alfredo Cornejo dijera que la funcionaria del Ministerio Público Fiscal “tiene un montón de causas pisadas” y no las “investiga”.
El Procurador Alejandro Gullé había solicitado que “se destituya a la doctora Andrea Lorente” del cargo que ejerce en la Unidad Fiscal 1 del Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Malargüe, ante “hechos, pruebas y fundamentos” que habían sido anexados al pedido.
El proceso contra la doctora Andrea Lorente fue planteado por "demoras, omisiones en denuncias o el desamparo de las víctimas que denunciaron hechos, primero ante los organismos pertinentes, y que luego pasaron a sus dependencias", explicaron.
Entre las irregularidades detectadas que motivaron el pedido de Jury de enjuiciamiento, se encontrarían casos en los que no se avanzó adecuadamente en investigaciones relacionadas con violencia de género y posibles abusos a menores. Además, hay denuncias contra funcionarios públicos que, al haber tomado estado público, debieron ser trasladadas a otras instancias de la Justicia provincial.
Ante esta situación, Lorente presentó su renuncia al Poder Ejecutivo para evitar someterse al proceso de Jury. "Falta de protección a menores víctimas de abuso sexual, inacción en causas de maltrato infantil, desmanejo en casos de violencia de género y concesión de libertades indebidas a imputados con antecedentes penales graves. A esto se le sumaron procesos paralizados sin justificación por tenencia ilegal de armas, estafas, lesiones y amenazas e inacción en expedientes por delitos contra la administración pública", enumera la justificación dada desde el Gobierno para aceptar la dimisión de la ahora ex fiscal.
La dimisión fue aceptada y publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el decreto 1407 firmado por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
Casado fue quien tuvo a cargo esta firma ya que el gobernador Alfredo Cornejo se encuentra en Brasil desarrollando una agenda centrada en la cooperación bilateral en materia de producción.
El decreto que acepta la renuncia de la funcionaria judicial toma la declaración de la fiscal como base para sostener que “la propia renunciante manifiesta en su nota de dimisión que “ si bien intenté dar todo de mí dentro de lo establecido legalmente en el desempeño de mis funciones, resulta evidente que no ha sido suficiente para lograrlo, por lo que, siguiendo con mi interés de llegar a ese bienestar, es que entiendo que mi renuncia indeclinable es el mejor camino para lograr de esta manera que otro profesional pueda intentarlo”.
Además, el decreto establece que ante el reconocimiento de Lorente “de la manifiesta incapacidad para continuar en el ejercicio del cargo, reconociendo no estar a la altura de las circunstancias por cuestiones personales y de salud, y la consecuente necesidad de designar de manera urgente otro representante del Ministerio Público Fiscal” en su lugar.
Allí, el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, aseguró que la magnitud de la gravedad detectada se centra en una serie de irregularidades que se acumularon en al menos 22 causas judiciales y configuran incumplimientos reiterados de sus deberes como funcionaria.
Gullé advirtió que “las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves”, con un impacto directo en causas sensibles vinculadas a delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, violencia de género, maltrato infantil y hechos que involucraban a funcionarios públicos.
Según detalla el procurador de la Corte, el incumplimiento de Lorente corresponde a normas clave como el Código Procesal Penal de Mendoza, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (8008), la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26485) y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26061), además de tratados internacionales.
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