El presidente Javier Milei fue tajante al rechazar la posibilidad de otorgar un indulto a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad.
El Presidente aseguró que no contempla esa posibilidad y volvió a hablar de la condena a la expresidenta. El PRO presentó un proyecto para limitar esa facultad presidencial.
El presidente Javier Milei fue tajante al rechazar la posibilidad de otorgar un indulto a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad.
“Me parece un disparate”, afirmó el mandatario durante una entrevista con LN+, al ser consultado sobre una eventual amnistía para la exvicepresidenta. Y agregó: “Nuestro lema es que el que las hace, las paga”.
Milei insistió en que no tiene intención de intervenir en una decisión que, según remarcó, pertenece al ámbito judicial. “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle lo que considere. No tengo la más mínima intención de hacer algo así”, aseguró.
Además, planteó que un indulto implicaría desconocer el fallo del Poder Judicial: “Tampoco me compete tener una opinión al respecto en el lugar en el que estoy”, expresó.
En paralelo a las declaraciones de Milei, un grupo de diputados del PRO presentó un proyecto de ley para prohibir el indulto a funcionarios condenados por delitos de corrupción.
La iniciativa fue impulsada por Silvina Giudici y acompañada por legisladores del bloque que encabeza Cristian Ritondo, como María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Gerardo Milman y Emmanuel Bianchetti, entre otros.
“El objetivo es impedir que futuros gobiernos anulen condenas firmes contra corruptos por decisión política”, explicó Giudici, quien también cuestionó los efectos institucionales de estos delitos: “Son tan graves para los derechos humanos como la traición a la patria”, afirmó.
La iniciativa busca excluir del indulto presidencial a condenados por delitos contra la administración pública, como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y otros hechos de corrupción cometidos desde el Estado.
Según se detalla en los fundamentos, si bien la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad de indultar penas en casos federales, esa potestad no es absoluta. El texto cita el artículo 36 de la Carta Magna, que plantea límites a esa atribución en casos que afecten gravemente el orden institucional, y propone ampliar lo establecido en la ley 27.156.