La justicia de Chile investiga a dos mendocinos que fueron detenidos en el paso internacional Los Libertadores por tráfico de migrantes y por estas horas el fiscal reúne pruebas para pedir, posiblemente, una pena para ambos.
La justicia reúne pruebas para definir la pena de los mendocinos detenidos en Chile por tráfico de migrantes.
La justicia de Chile investiga a dos mendocinos que fueron detenidos en el paso internacional Los Libertadores por tráfico de migrantes y por estas horas el fiscal reúne pruebas para pedir, posiblemente, una pena para ambos.
Se trata de O. R. B., domiciliado en Las Heras y C. A. F., radicado en Godoy Cruz, quienes permanecen alojados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, en Chile.
Los acusados fueron detenidos luego de ser acusados de intentar ingresar clandestinamente a Chile a una familia venezolana indocumentada.
Esa familia, de cuatro integrantes y con un bebé entre ellos, fue detenida en inmediaciones al paso internacional Los Libertadores y al ser indagados por la PDI de Chile, aseguró haber pagado una importante suma de dinero a los dos mendocinos para que estos los trasladaran al vecinos país.
Según indicaron desde la fiscalía de Los Andes, Chile, los acusados llevaron a la familia en un auto hasta metros antes del control fronterizo. Una vez allí, los venezolanos descendieron del coche e intentaron cruzar el paso internacional Los Libertadores a pie. Luego se encontrarían con los mendocinos, para completar el ingreso a Chile.
Sin embargo, personal de la PDI de Chile sorprendió a los cuatro integrantes de la familia y los detuvo. Al interrogarlos, admitieron haber pagado por la colaboración de los mendocinos, quienes de esta forma fueron detenidos a los pocos minutos, también cerca de la aduana chilena.
Los mendocinos quedaron a disposición del fiscal Jorge Alfaro Figueroa, quien los imputó días atrás por “tráfico de migrantes”, un delito que está previsto en el artículo 411 del Código Penal de Chile. La situación de los sospechosos podría empeorar porque hay un menor involucrado en el hecho.
El artículo en cuestión indica que “el que, con ánimo de lucro, facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”.
Esa situación puede agravarse si “se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad”. En este caso “la pena señalada se aumentará en un grado”.
Fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que la investigación “recién está iniciando con la formalización de cargos” y que podría derivar en un juicio oral o abreviado.
Lo cierto es que el fiscal ya solicitó la prisión preventiva de ambos mendocinos, destacando que ambos fueron sorprendidos “in fraganti”, lo que complicaría en demasía su situación procesal.
Por el momento, los acusados son defendidos por el abogado defensor público, Cristóbal Romero Erices.
En tanto que el juez interviniente, Raúl Valenzuela Rodríguez, ordenó el traslado de los acusados al centro de detención, fijando un tiempo de duración de la investigación de tres meses.

