13 de abril de 2026
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Homicidio

Investigan como homicidio la muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia

La querella sostiene que el niño fue víctima de violencia sostenida y abandono. También apuntan contra funcionarios judiciales por presuntas fallas en la protección.

Por Sitio Andino Policiales

La muerte de Ángel Nicolás López, el niño de apenas 4 años fallecido el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en el ámbito judicial. La causa, que inicialmente generó dudas sobre las circunstancias del deceso, avanza ahora bajo una hipótesis mucho más grave: un presunto homicidio agravado en un contexto de violencia sostenida.

El padre del menor, Luis Armando López, patrocinado por el abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal en la que solicita la inmediata imputación y detención de Maicol González, padrastro del niño, y de su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano.

Una acusación de extrema gravedad

Según la presentación judicial, ambos adultos están acusados de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte, una de las figuras más severas del Código Penal.

Ángel, niño de Chubut
La causa se investiga como un presunto homicidio agravado en un contexto de violencia sostenida

La causa se investiga como un presunto homicidio agravado en un contexto de violencia sostenida

Según Noticias Argentinas, el documento describe un cuadro alarmante: la muerte del niño no habría sido un hecho aislado, sino el resultado de "una pluralidad de conductas convergentes", es decir, una sucesión de acciones y omisiones que derivaron en el desenlace fatal.

Para la querella, Ángel fue víctima de meses de maltrato físico y abandono, en un contexto donde (según denuncian) también hubo fallas graves en los mecanismos de protección estatal.

La autopsia y los testimonios que comprometen a los acusados

Uno de los elementos centrales de la causa es el informe preliminar de la autopsia. Allí se detectaron lesiones traumáticas en la zona craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y compatibles con violencia física de alta intensidad.

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Maicol González, padrastro del niño, y de su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano

Maicol González, padrastro del niño, y de su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano

A esto se suman testimonios de vecinos, quienes relataron haber escuchado gritos reiterados del niño y presenciado episodios de violencia dentro del hogar. En uno de esos momentos, según los relatos, la madre habría increpado al padrastro con una frase reveladora: "¡Vos le pegás al mío!".

La denuncia también apunta contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos. En particular, se menciona al juez de Familia Pablo José Pérez, a la asesora Verónica Roldán y a la licenciada Jennifer Leiva. De acuerdo a la querella, su accionar habría sido determinante en la falta de resguardo del menor.

El accionar de la Justicia quedó bajo la lupa

Advertencias previas ignoradas: el sistema judicial había rechazado en tres oportunidades la restitución del niño a su madre biológica, al considerar que no era un entorno seguro.

El testimonio del propio niño: en febrero de 2026, durante una audiencia, Ángel manifestó que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no reconoció a Altamirano como figura afectiva principal. Pese a ello, no se adoptaron medidas de protección.

Aislamiento previo al desenlace: en marzo, una restricción perimetral impidió todo contacto entre el niño y su entorno paterno y de crianza, dejándolo únicamente bajo el cuidado de quienes hoy están acusados. Semanas después, el menor murió.

El antecedente de la Ley Lucio

La querella trazó un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy y sostuvo que los funcionarios podrían haber incumplido los deberes establecidos en la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, que obliga a capacitar y actuar de forma temprana ante posibles situaciones de violencia contra niños.

Lucio dupuy
La querella trazó un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy

La querella trazó un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy

El pedido de detención inmediata también se fundamenta en riesgos procesales. Según la denuncia, los acusados habrían intentado eliminar pruebas, incluyendo la quema de ropa del niño el mismo día del hecho.

Además, existiría un presunto plan de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por la madre a través de un familiar

Un sistema bajo cuestionamiento

"Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda", sostiene el escrito presentado por la querella.

Mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia permanece conmocionada, la Justicia deberá resolver ahora si avanza con las detenciones solicitadas, en una causa que podría convertirse en otro caso emblemático sobre fallas institucionales y violencia infantil en Argentina.

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