La justicia condenó hoy a 2 años y medio de cárcel en suspenso a Alejandro Jofré, ex Subsecretario de Trabajo, quien fue encontrado culpable de un abuso sexual simple en tres hechos.
La justicia condenó hoy a 2 años y medio de cárcel en suspenso a Alejandro Jofré, ex Subsecretario de Trabajo, quien fue encontrado culpable de un abuso sexual simple en tres hechos.
El fallo fue ventilado este viernes por la mañana en el Polo Judicial y la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que Jofré no podrá volver a trabajar en ninguna dependencia del estado.
Además, perdería algunos de sus trabajos actuales, entre ellos, uno de docente en la UNCuyo. En tanto que podría actuar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados a los efectos de tratar el pedido de exclusión de la matrícula que formuló la querella del debate.
El ex Subsecretario de Trabajo fue juzgado como autor de un abuso sexual a tres de sus empleadas en la dependencia mencionada.
Las víctimas denunciaron que Jofré les realizaba tocamientos cuando las saludaba. La presentación se realizó en diciembre del 2017 y meses después, el funcionario decidió renunciar “para que la justicia pudiera investigar los hechos”.
Desde ese momento, el funcionario juró ser inocente y aseguró que las denuncias eran producto de “conflictos laborales” por parte de mujeres “sumariadas” y que habían decidido denunciar los casos “mucho tiempo después”.
La causa avanzó lentamente y este año llegó a juicio. Durante varias semanas, las partes analizaron la conducta del sospechoso y este viernes el juez Luis Correa Llano decidió condenar al imputado por una pena más alta de la que había solicitado el fiscal del debate, Darío Tagua (pidió 6 meses).
La querella, en manos de Alfredo Guevara y Julieta Nacif había requerido una pena de 3 años en suspenso y la defensa, a cargo de Juan Day, la absolución.
En los alegatos, la querella había pedido también que el estado provincial se disculpara públicamente de las víctimas, en tanto que también se estableciera un protocolo para actuar en casos de violencia de género en el ámbito laboral de las dependencias públicas.
Sin embargo, el fallo no incluyó respuestas a todos estos ítems planteados por los letrados mencionados.