jueves 22 sep 2022
Estado de Sitio

El FMI y la segunda etapa del Plan Massa

La titular del FMI se lo comunico al Presidente en Nueva York y se abre las puertas a la segunda etapa del Plan Massa que se centraría en inflación y salarios.

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Por Marcelo López Álvarez 20 de septiembre de 2022 - 10:08

Finalmente el FMI confirmó que la Argentina aprobó la revisión de las metas del segundo trimestre del acuerdo con la entidad que renegoció la deuda de más de 40 mil millones de dólares tomada por la gestión anterior. La aprobación de las metas abriría las puertas a lo que sería la segunda etapa de la gestión del equipo económico que se centraría en el equilibrio fiscal, la recuperación de salarios y medidas anti inflacionarias.

Hay dos buenas noticias (por llamarlas de alguna manera, nunca es buena noticia estar atado al Fondo) en la aprobación de las metas. Por un lado le permite a la Argentina tomar un poco de oxígeno, avanzar con el acuerdo con el Club de París y además continuar con el proceso de recuperación de reservas y estabilizar algunas variables macro. Por otro demostrar que se puede cumplir con las metas llevando adelante algún tipo de ajuste pero lejano a las formas de los ajustes tradicionales del neoliberalismo.

Es bueno tomar como ejemplo el ítem jubilados. Mientras que el gobierno de la Alianza cuando la actual presidenta de uno de los partidos de la oposición era Ministra de Trabajo y Seguridad Social (Patricia Bullrich) la forma de cumplir con el Fondo para tratar de sostener el Megacanje y la convertibilidad fue recortar en un 13% los haberes jubilatorios, esta vez se pudo cumplir con el Fondo sin tocar la fórmula de movilidad jubilatoria que le dio el aumento a la clase pasiva y además agregando un bono para mejorar sus ingresos.

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La aprobación de las metas por parte del FMI abre la puerta a una segunda etapa de las políticas del equipo económico.

La aprobación de las metas por parte del FMI abre la puerta a una segunda etapa de las políticas del equipo económico.

El cumplimiento de las metas le saca a la Nación el peso del pago de los 3900 millones de dólares, le da aire a la lenta pero sostenida recuperación de reservas que viene realizando el Central gracias al dólar soja, pero le abre al Gobierno la puerta de la jaula de los leones que significa tener que afrontar definitivamente el problema inflacionario.

Ayer adelantamos en Radio Andina que circula muy fuerte el rumor que una vez aprobadas las metas por el FMI y finalizado el periodo de dólar especial para la liquidación del complejo sojero el Ministro de Economía anunciaría un plan de estabilización del cual algunas pistas se pueden obtener del proyecto de Presupuesto 2023.

Si bien las precisiones son lo que falta, la idea del equipo económico sería trabajar en cuatro o cinco ejes que permitan llegar a diciembre y el verano con una inflación cercana al 4 por ciento.

Para ello el equipo económico anunciaría una ruta de estabilidad cambiaria acorde a los acuerdos con el FMI para que el dólar oficial no se atrase respecto a la inflación atado a una continuidad de la administración de los dólares para importaciones que prioricen las necesidades para la producción y el funcionamiento de la economía.

Ayer por la noche (con algo de confusión y contramarchas) el BCRA confirmó que los exportadores que se acogieron al régimen de liquidación con el dólar soja no podrán recomprar dólares en ninguno de los mercados oficiales que rigen en la Argentina.

Los anuncios contemplarían un congelamiento de precios y salarios con una aumento de suma fija por decreto o un bono no remunerativo a cuenta de paritarias 2023 a través de un amplio acuerdo social y económico. En ese orden las fuentes consultadas afirmaban que la decisión de publicar los 30 productos que más aumentaron en las góndolas de los supermercados es un primer paso que esperan funcione de advertencia.

Otra de las patas del plan ( las fuentes prefieren llamarlo amplio acuerdo) se ve expresada en el presupuesto y es el intento de equilibrio fiscal a partir de un recorte de algunos gastos no sociales y profundizar la recaudación en áreas inexploradas como las ganancias extraordinarias de grandes empresas y sectores casi monopólicos y la intención de (por fin) que el Poder Judicial pague ganancias. Un economista cercano al oficialismo planteaba el fin de semana que si el Poder Judicial pagará ganancias la suma total equivaldría a un extra de 40 mil pesos anuales para los 6.100.000 jubilados que cobran la jubilación mínima.

El conjunto de ideas que suenan a aplicarse dan la idea de que el Gobierno tomó nota de la urgencia de la situación sin embargo queda la duda del capital político para lograr un amplio acuerdo que pueda controlar a los factores de poder que torpedean permanentemente la redistribución del ingreso.

Hace pocos días el CIFRA, el centro de estudios de la CTA, recordaba que durante desde la asunción del Gobierno anterior hasta la salida de la pandemia o sea de 2016 a 2021 la participación del Capital en el ingreso nacional creció del 40,2 al 47 por ciento, en tanto que la del trabajo descendió del 51,8 al 43 por ciento.

La discusión recién empieza y no solo se pone en juego el combate por la inflación sino también la capacidad política del oficialismo de lograr consensos y la de la oposición de mostrar cuales son sus verdaderos intereses.

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