El Instituto Provincial de la Vivienda intercederá en el conflicto entre la asociación Amas de Casa Cuyanas y la cooperativa La Libélula por unos terrenos millonarios en Maipú y sentará un precedente sobre el accionar del Estado en peleas entre ciudadanos por terrenos para la construcción de viviendas.
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Este conflicto, que tiene años de existencia pero explotó en las últimas semanas, fue relatado en detalle por SITIO ANDINO en dos notas en las que se explicó tanto las posturas de la asociación Amas de Casa Cuyanas (dueña de los lotes) como la de los okupas que denuncian haber sido estafados. En esta oportunidad, el propio Estado es el que intercederá y buscará darle un cierre definitivo a este conflicto.
Sucede que el Instituto Provincial de la Vivienda, presidido por Omar Parisi, presentó un proyecto de ley para expropiar los terrenos ubicados en la intercepción de las calles 9 de Julio y Rawson, de Maipú, los cuales tienen una deuda de 4.5 millones de pesos con el organismo en carácter de hipoteca.
Por esta situación, y a pedido de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Vivienda de la Cámara de Diputados, Omar Parisi se hizo presente en la Casa de las Leyes y explicó los motivos que fundamentan la expropiación de los terrenos.
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Sin pelos en la lengua, como es característico en él, el presidente del IPV cargó directamente contra Gustavo Álvarez, titular de la asociación dueña de los terrenos, y lo acusó de querer enriquecerse a base del Estado y hasta aseguró que lo intentó coimear.
El señor Álvarez no acepta ninguna de las propuestas que se le han efectuado para pagar la deuda hipotecaria con el IPV. Su idea es pagar la mora en 20 años con cuotas de $500. Si yo hubiese aceptado esa propuesta ahora tendría 4 lotes a mi nombre, resaltó el funcionario.
Así, si bien la hipoteca sobre los terrenos es del año 1999 y debería estar prescripta por la legislación vigente, los abogados del IPV explicaron que Amas de Casa Cuyanas realizó pagos hasta el año 2004, por lo que la presentación judicial para reclamar la deuda está vigente hasta el año próximo.
Por su parte, los legisladores de los diferentes partidos políticos que escucharon con atención al presidente del IPV mostraron su interés por esta situación, aunque algunos pusieron algunos reparos en relación al proyecto de ley y a cómo se resarcirá económicamente a los perjudicados por la expropiación. Es que si bien la idea del gobierno es que los terrenos sean declarados de bien público, los casi 70 mendocinos que tienen contratos de propiedad en los lotes en disputa generan una gran controversia sobre los pasos a seguir por parte de las autoridades.
De esta manera, si el IPV consigue que los legisladores aprueben el proyecto de expropiación de los terrenos se sentará un precedente sobre la actuación del Estado en los casos en que la deuda de terrenos privados sea elevada y los mismos estén ocupados por familias que tienen contratos de compra-venta firmados y esperan que el Gobierno los ayude a construir sus casas.
Finalmente, las comisiones de diputados y Omar Parisi arreglaron para volver a reunirse mañana por la mañana, donde el encargado de construir viviendas sociales en Mendoza intentará convencerlos para avanzar en la expropiación de los terrenos ocupados.
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