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"El Gobierno ofrece 75 casas para 4000 penitenciarios y no soluciona el problema laboral"

Luis Pelegrina, uno de los agentes penitenciarios que reclama mejoras en la condiciones de trabajo en las cárceles mendocinas calificó el anuncio del Gobernador como “una maniobra política” y aseguró no haber recibido respuestas tras las manifestaciones públicas.

Por Gabriela Guilló

Los reclamos del personal penitenciario por mejoras laborales datan de octubre de 2012, cuando realizaron las primeras denuncias en las cuales daban cuenta de la sobreexigencia horaria y el no pago de las horas extras.

La falta de respuestas y el incremento de problemáticas, llevó a los hombres a salir a la calle y dar a conocer púbicamente estas falencias.

A la sobreexigencia, la carga horaria, se suma el poco personal por complejo –de 14 a 17 agentes cada 900 internos- son algunos de los puntos por los cuales los trabajadores solicitan una respuesta “a corto plazo”.

Pero, al parecer, las respuestas se hacen esperar y ni desde la Defensoría Penitenciaria, ni las autoridades del penal se han pronunciado al respecto.

“No hemos recibido ningún tipo de notificación ni respuestas sobre las denuncias que realizamos”, explicó Luis Pelegrina agente de Boulogne Sur Mer con 6 años de antigüedad en el complejo, que añadió “me presenté hace un mes frente a la Defensora Penitenciaria -Nahir Otero- y me respondió que ella no podía denunciar lo que planteábamos, a pesar de que esa es su función”.

Por otro lado, a horas de que el personal realizara un corte de calle frente al complejo de Boulogne Sur Mer, el gobernador Francisco Pérez anunció la construcción de un barrio -con 75 casas- en Luján para los penitenciarios. Ésta, podría considerarse  la única respuesta que hasta ahora les llega.

“El Gobierno anuncia la construcción de 75 casas para 4000 agentes, pero no soluciona el problema laboral que atravesamos”, explicó Pelegrina que calificó la medida como “una maniobra política en época electoral que intenta cubrir el conflicto de fondo”.

El trabajador también se refirió a la pronta incorporación de 50 nuevos agentes, aunque indicó que “en el penal se necesitan 800 personas, por lo que la cifra anunciada no logra paliar la falencia”.

Por esto, Pelegrina junto a sus compañeros solicitan que se declare la emergencia penitenciaria.  

¿Presiones?

Asimismo, tras las protestas realizadas, a 10 agentes les quitaron las armas reglamentarias “preventivamente” y Pelegrina tras mantener una reunión con el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, indicó que “me presionó y me dijo que me iban a trasladar a San Rafael”.
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