miércoles 22 jun 2022

La Legislatura se convirtió en el escenario del conflicto entre el Gobierno y los anestesistas

Por Cecilia Zabala.

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16 de mayo de 2022 - 12:00

La Legislatura de Mendoza se convirtió este lunes en el escenario del conflicto entre el Gobierno y los anestesistas.

Mientras que el Gobierno espera poder convertir en ley el proyecto para declarar la emergencia en este servicio, un grupo de médicos autoconvocados reclama en la Peatonal en contra de la iniciativa, a la que considera inconstitucional y amenazan con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sucede que pretenden darle tratamiento mañana en el recinto de Senadores y en la sesión de Diputados (que por ser feriado el miércoles se adelantó para este martes), por lo que debería contar con los dos tercios, para lo cual requiere acompañamiento de parte de la oposición.

Esto es porque la intención del Ejecutivo es no enviar el proyecto a comisiones sino tratarlo directamente sobre tablas.

El conflicto inició hace meses y desde el 1 de abril más de 60 anestesistas no renovaron sus contratos, en reclamo de un incremento del valor de las prestaciones, que hasta ahora no fue aceptado por el Gobierno. Así, quedaron sin cubrir unos 90 cargos del sistema público de salud, por lo que se suspendieron casi 5.000 cirugías programadas, un 40%.

El proyecto oficial: 

Dentro del articulado de la norma, se expresa que se declara la emergencia mencionada "con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna". A su vez, resalta que "las contrataciones de los profesionales de salud que se dispongan en el marco de la presente ley quedarán exceptuadas del límite establecido en el último párrafo del Artículo 12 del Anexo de la Ley N° 7759, aún cuando el contratado pertenezca a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal".

Asimismo, para el caso de las renuncias de los profesionales en la materia en efectores públicos establece que "se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días corridos de presentada la misma". Agrega que quienes hagan efectiva su renuncia, "no podrán ocupar cargos públicos o ser nuevamente contratados en la Administración Pública Provincial por el plazo de cinco (5) años contados a partir de presentada la renuncia.

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