La economía, que nos preocupa cada jornada, no es el único tema de estos días en nuestro país. Desde hace aproximadamente cinco meses, con el extraño fallo de la Corte declarando inconstitucional una ley que hace 16 años estaba en vigencia, se vienen desencadenando una serie de acontecimientos que bajo la pátina de la política tienen una gravedad institucional inusitada además de mostrar que la concentración del poder en la Argentina no es solo económica.
La situación en el Consejo de la Magistratura quizás escape al gran público pero sus derivaciones y gravedad son de una magnitud enorme ya que no se pone en riesgo si un dirigente político de tal o cual partido puede pasarla peor o mejor en un tribunal sino que se vapulea el sistema de justicia en general para los ciudadanos argentinos.
Pero, de toda crisis surgen oportunidades y pueda que el momento se termine transformando en el ideal para que desde la ciudadanía y la academia se marque el camino que salte la inevitable grieta política y se ponga en debate el futuro del único poder que tiene aún menos prestigio en la sociedad que algunos políticos y sindicalistas.
La administración del servicio de Justicia en nuestro país viene en decadencia, hoy no hay nada más alejado de un tribunal que la dama de la balanza y los ojos vendados. La sensación que gran parte de ese sistema solo responde a intereses corporativos o concentrados y que lejos de ser un espacio de equilibrio entre el más fuerte y el más débil pasó a ser territorio de los más fuertes es ya materia común en los ciudadanos.
La primavera de renacimiento de una Justicia más justa que se dió en el gobierno de Nestor Kirchner con el nombramiento de una Corte prestigiosa y con ánimo de cambiar se fue perdiendo con los años y los nombres. Hoy el Supremo es un órgano tan desprestigiado como aquel del fin del segundo gobierno de Carlos Menem.
No parece normal que se declare una ley anticonstitucional 16 años después de ser votada y entrar en funcionamiento o que el presidente se vote a sí mismo entre tantas otras cosas. Como tampoco parece ser normal que la política acomode sus pertenencias a conveniencia para tener más o menos lugares en el Consejo de la Magistratura como lo hacen Juntos por el Cambio o el Frente de Todos.
Al igual que se reclama para la economía, la necesidad de tomar medidas disruptivas que sacudan el tablero y sirvan para recomponer la relación de Justicia pero no solo con la ciudadanía sino con la realidad es urgente.
Pero no tiene solo que ver con los jueces, también tiene que ver con la sociedad y la política, pero sobre todo con dirigentes que dirijan y que no sean dirigidos o digeridos por la mediatización y la conveniencia.
Provincias como Mendoza demuestran claramente esas contradicciones por un lado avanza con los juicios por jurados pero por otro acepta leyes absolutamente vulneratorias de los derechos y la Constitución como la de extensión de dominio o el Ítem Aula, o llega a la Corte una magistrada con seria dudas de que cumpla las condiciones para integrar el supremo tribunal. Pero que se puede esperarar si el máximo organismo del país decide violar sin problemas la Constitución y se toma atributos legislativos y ademas condiciona temporalmente la actividad del Congreso.
¿Será capaz la sociedad, junto a la política, de recuperar la Justicia?
Para conocer más del tema los invitamos a escuchar la charla en Radio Andina con la abogada constitucionalista Dra Gabriela Abalos
