En la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados local se encuentra en debate un proyecto de ley que busca georreferenciar a las personas con discapacidad de la provincia. La idea es que a partir de la elaboración de estadísticas, Mendoza cuente con una herramienta que permita gestionar y aplicar políticas de Estado que mejoren la calidad de vida de esta población. La propuesta tiene el visto bueno del Ejecutivo y de la Red Inclusión Mendoza por lo que estiman que será tratada en lo inmediato.
La autoría del proyecto pertenece a la diputada Marcela Fernández quien también es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja donde actualmente se encuentra la iniciativa. La legisladora explicó que actualmente los certificados de discapacidad son autorizados y emitidos por la Junta Central de la Nación a pedido de los municipios que los solicitan por lo que, tras finalizar el trámite, esa información queda registrada allí y las autoridades provinciales no tienen acceso luego a esos datos.
"Mantuvimos reuniones con la Dirección de Discapacidad de la provincia y con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) en las que discutimos la posibilidad de que esta información pueda ser publicada en páginas oficiales y referenciales a estas personas para conocer dónde viven, qué tipo de discapacidad tienen, su condición económica, si tienen obra social o alguna prestación. Cabe aclarar que no son datos nominales, es decir, que no se publicará la identidad de las personas porque el objetivo es que Mendoza tenga una herramienta para mejorar la calidad de vida, no estigmatizar", expuso Fernández.
Y sumó: "El Estado siempre funciona a demanda pero si nosotros quisiéramos tener una política destinada a esta población no lo podríamos hacer porque no las tenemos registradas. Estamos hablando de contar con la georreferenciación, es decir, saber dónde viven estas personas para generar estrategias en base a la inclusión y accesibilidad. Por ejemplo, si con estos datos, localizamos un barrio donde hay cierta cantidad de personas con discapacidad motora, bueno trabajar sus rampas, modificar recorridos del transporte público. Que no tengan que salir a buscar al Estado sino que el Estado se acerque a ellos y mejore sus condiciones en todos los sentidos".
La diputada expresó que tanto la provincia como cada municipio debe conocer cuántas personas con discapacidad viven en cada localidad y cuál es su discapacidad. "Así podremos actuar en consecuencia. Hemos enviado pedidos de informes a las municipalidades y el Ejecutivo ya puso toda su disposición para trabajar en esto porque si bien la Dirección de Discapacidad solicitaría la información a la Nación, sería la DEIE la encargada de elaborar las estadísticas y publicarla en los medios oficiales. Todas las partes han manifestado su acuerdo por lo que estimamos que el proyecto pasará a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y luego sería tratada a la brevedad", indicó.
Por su parte, desde la Red Inclusión Mendoza que trabaja con diferentes asociaciones que abordan la temática vieron con buenos ojos la iniciativa alegando que la mejor bandera es "mostrar para defender" haciendo referencia a la importancia de visibilizar e identificar distintas problemáticas e intervenir haciendo buen uso de los recursos del Estado.
"Creemos que sería muy positivo contar con esta herramienta porque al tener georreferenciadas las personas con discapacidad, podes llevar adelante políticas que solucionen y mejoren la calidad de vida. Por ejemplo: en un barrio donde hay cuatro, cinco personas sordas, se puede capacitar al kiosquero, al carnicero, al supermercado en lengua de señas porque sabes que población sorda viviendo en ese sector o, en el caso de discapacidad motora, mejorar mejor las veredas, rampas y cuestiones que hacen efectivo el gasto público", expuso Nicolás Reynaga, presidente de la Red Inclusión Mendoza.
"La aplicación sería positiva y no estigmatiza porque la discapacidad es voluntaria, una persona se autopercibe y si tiene una discapacidad puede declararse así de forma voluntaria, no es obligatorio. Lógicamente, la mayoría accede a eso por las prestaciones pero si alguien tiene alguna discapacidad y no desea solicitar su certificación, no lo será para el Estado, cada uno tiene la libertad de decidir al respecto".
Reynaga hizo hincapié en la importancia de la georreferenciacion para administración y la aplicación de políticas públicas. "El Estado tiene que administrar los recursos de la recaudación, y si localizas a esta población podes administrar mejor el recurso en estrategias públicas que incluyan a las personas, eso es lo vital y más interesante de la georreferenciación".
Y concluyó: "Incluso, con esa información se pueden identificar, por ejemplo, falencias edilicias en escuelas o edificios donde asistan o residan estas personas, administrar los recorridos de colectivos, se puede hacer un millón de cosas. Además, puede ser la llave a otras temáticas importantes como: por qué hay más tendencia a determinada discapacidad en esta o aquella zona o por qué surgen más estas enfermedades este sector. Es fantástico saberlo para poder intervenir. La bandera es siempre mostrar para defender, sino muchas problemáticas quedan ocultas e irresueltas".
A continuación, el texto completo del proyecto de ley:
