Lobesia Botrana: la Nación promete financiar 60%, pero los fondos se demoran
Avanza un nuevo ciclo vitivinícola, el tiempo pasa y crece la preocupación en la vitivinicultura por la falta de certezas para afrontar un problema que significa mayores costos: los fondos nacionales asignados por ley al combate y erradicación de Lobesia Botrana, la plaga que desde hace 10 años castiga a los viñedos mendocinos. Por eso, 6 entidades del sector ya elevaron un reclamo al ministro de Agricultura, Luis Basterra, con un objetivo: que empiecen a "bajar" parte de los $450 millones del presupuesto 2020, para encarar la licitación de insumos que se requieren en el primer tratamiento previsto en agosto.
La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Bodegas de Argentina y la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael firmaron un escrito para manifestar su "preocupación", y solicitan "activar los procedimientos administrativos para poder disponer de los fondos estipulados en la ley nacional 27.227 para la adquisición de los insumos necesarios".
Cabe recordar que la norma se articula con una ley provincial por la que una parte del financiamiento proviene de un aporte de $1.500 por hectáreas para superficies superiores a las 10 hs. Según el repaso de los resultados, durante las pasadas dos campañas (2017-18 y 2018-19) se había logrado reducir la presión de la plaga hasta un 95%, y la 2019/20 "sólo fue de mantención del estatus obtenido anteriormente por la limitación de los recursos económicos".
"La semana proxima hay que hacer el llamado a licitación de difusores de feromonas para el primer vuelo en agosto y estamos en tratativas con el ministerio para que remita los fondos. Ha estado bajo análisis, pero los tiempos corren; esto es biología, no entiende de los tiempos políticos", consignó al respecto el presidente del Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza), Alejandro Molero.
Para Molero "hacerlo ahora es extemporáneo, debería haberse tratado hace más de un mes. Para llegar a agosto se requiere 20 días para publicación del llamado, adjudicación de ofertas y la entrega de los productos, lo que conlleva la logística de distribusión de los difusores a todos los productores".
Casi mitad y mitad
De todos modos, será una campaña más bien modesta por segundo año consecutivo, en el que la otra plaga llamada Covid-19 es el principal argumento oficial para justificarlo. Es la llamada de mínima o de "mantenimiento", de $450 millones, que redirecciona la estrategia de tratamiento con mayor prioridad de unas zonas por sobre otras para optimizar los fondos. Una campaña más activa, para avanzar en la disminución de la presión de la plaga, rondaría los $620 millones para las 155 mil hectáreas con viñedos bajo cierto riesgo.
En respuesta a las inquietudes, Carlos Lehmacher, coordinador regional del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria Mendoza) le confirmó a Sitio Andino pasado el mediodía del jueves que el ministro Basterra había logrado el visto bueno para transferir $390 millones a la región Cuyo, de los que Mendoza recibiría "en principio a fines de julio" $270 millones y San Juan el resto.
"Pese a que la pandemia concentra la mayor parte de los fondos, vamos a llegar con lo justo pero vamos a llegar. No debe haber preocupación. Hay que tener en cuenta que Lobesia, junto al de cítricos en la región del NEA son los dos únicos programas fitosanitarios con financiamiento asegurado por ahora, lo que se decide en función del recupero de fondos y la lógica productiva", dijo Lehmacher.
Si se concreta en tiempo y forma, significa que Mendoza deberá aportar los restantes $180 millones. Para agosto se necesitan difusiores de feromona para abarcar 15 mil hectáreas, a un costo de $130 millones, en tanto que el cronograma sigue en setiembre con insecticidas (aplicación local y aérea sobre otras 57 mil hectáreas). Y se completa con otras 40 mil que en noviembre se tratarán con feromonas aspergables (desde avión).
Según el titular del Iscamen "en este contexto difícil, el mantenimiento permitiría que la plaga se mantenga por debajo del umbral de pérdida economica para los productores. Esto implica conservar el oasis Sur como libre, y pedir la declaración internacional. En el resto, trabajar por bloques, por nivel de captura de insectos: Valle de Uco, Este, Norte. Significa desatender zonas donde no hubo incidencia, un amesetamiento general, ya que no se puede trabajar en el total de 155 mil hectáreas".
Entre el dólar, el Covid y un plan B
La campaña 2019-2020 se había presupuestado en $350 millones, con un 70% de insumos importados y dolarizados. Ese factor hace que, según los cálculos del Iscamen, producto de la devaluación, para este año el costo del programa haya trepado a $450 millones, es decir, casi 30% más.
Con todo ¿existe un "Plan B" en caso de que los fondos de la Nación no lleguen a tiempo?. Para Molero, pese a que la coyuntura de pandemia que le pegó fuerte a la recaudación provincial "existe un compromiso tanto del gobernador como del ministro Vaquié de aportar recursos. Además, está ley provincial que fija un aporte para superficies de más de 10 hectáreas, pero es recaudación futura, ya que recién empezaría recaudarse en cuatro cuotas trimestrales desde octubre".
Al respecto, Lehmacher también reconoce la necesidad de apurar el proceso."Claramente dependerá de que no haya variaciones en el tipo de cambio y del precio del combustible", argumentó el responsable regional de Senasa.
Tal vez advertidos de ese panorama, desde el sector vitivinícola enfatizan las probables consecuencias de desfinanciar al programa de Control y Erradicación de Lobesia. "No contar con dichos fondos provocaría un perjuicio económico que agravaría la situación actual, generando un alto impacto negativo para el sector vitivinícola, debido al daño que causa la plaga en nuestra producción. Esto generaría la pérdida de toda la inversión económica que se ha realizado en las últimas temporadas de manera exitosa", coinciden desde las entidades que elevaron el reclamo a Basterra.
El planteo termina por ser abarcativo de la crítica situación para la actividad primaria, que se considera excluída de la asistencia nacional durante la cuarentena. "Pese haberlo solicitado, no fue incorporada en los ATP para hacer frente a las obligaciones y los costos de la actividad, por lo que creemos que el cumplimiento de lo establecido en la ley podría ser una manera de contribuir a reactivar el sector productivo frente a la crítica situación que la pandemia dejó", remarcan.
