El pasado agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó el aumento de gas para los usuarios residenciales e instó al Gobierno a realizar audiencias públicas alegando en su fallo que estas son "un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas". En Mendoza, la audiencia se transmitió en el Centro de Congresos y hubo 16 expositores que hablaron en la videoconferencia provincial. En esa ocasión, la organización sólo dejó pasar a los expositores, prensa y gente acreditada por anticipación y no permitieron la participación del público que además era escaso por el desconocimiento y falta de información al respecto.
Ante este panorama, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FPV) presentó un proyecto de ley que intenta evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras audiencias. El objetivo es que sean obligatorias y federales, que cuenten con presencia de funcionarios nacionales que estén involucrados con el tema, que se garantice la participación ciudadana y que, para que eso ocurra, haya mayor difusión de la fecha estipulada para su realización.
Fernández Sagasti junto a Gustavo Correa, titular dela CTA.
En diciembre del 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. "Lo que nosotros estamos haciendo es institucionalizar ese decreto, lo tomamos desde la mala experiencia que tuvimos en la realización de las audiencias públicas cuando la Corte Suprema tuvo que obligar al Gobierno Nacional a que las realicen antes del aumento. Nosotros, con este proyecto, las hacemos obligatorias y federales, es decir que se va a tener que hacer una por provincia y con la presencia del Ejecutivo", comenzó a explicar Fernández Sagasti.
La senadora nacional sumó que también se establecería la creación de dos expedientes "porque el único que estaba a la vista, con poco tiempo para leerlo y estudiarlo, es el de la audiencia, es decir, el del aumento". Ahora pretenden agregar uno más: el de la empresa, es decir, que brinde información a los usuarios de los últimos 3 años contables, con planes de inversión, subsidios que recibieron y qué hicieron con ellos y otros datos útiles e importantes. "Esta mala experiencia con la audiencia de gas hace que tengamos que tener un marco regulatorio que por ley en el que se garantice el derecho de los usuarios a participar en la toma de decisiones administrativas respecto a las tarifas", indicó la legisladora.
Las audiencias seguirán siendo no vinculantes
Pese a la realización de audiencias públicas, el Gobierno sigue teniendo la potestad de definir los precios de las tarifas de servicios públicos. Eso seguirá siendo así aunque el proyecto de Fernández Sagasti apunta que las audiencias se realicen en todo el país para que el Ejecutivo no pueda hacer oídos sordos a lo que se resuelve.
"En realidad, nosotros estuvimos viendo el marco regulatorio y pensamos que lo mejor es que las audiencias sean obligatorias, que siempre que el Gobierno Nacional piense un aumento que pueda afectar a los usuarios, se hagan y que no tenga que ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que exija al Gobierno que se realicen sino que ya esté reglamentado con anterioridad", expuso la senadora.
Pero no quedó ahí porque la legisladora se mostró confiada en que este proyecto puede promover un cambio, en especial de actitud, en el Gobierno Nacional: "Si hay 24 audiencias públicas en donde se garantizó el acceso a la ciudadanía de poder participar de este tipo de decisiones, que se hizo federal y que gracias a una mayor difusión a través de la publicidad en los diarios de circulación más importante hay una buena convocatoria, ningún gobierno- salvo que sea bobo- seguirá adelante en una decisión de incremento cuando todas las jurisdicciones les dicen que el aumento es desproporcionado", cerró Fernández Sagasti.
