Una de las grandes deudas sociales que arrastra Mendoza sigue siendo el trabajo en negro. Un flagelo que lesiona no sólo los derechos y la integridad del trabajador y su futuro (no tiene aportes ni para una obra social ni para una futura jubilación), sino que perjudica vía competencia desleal a las empresas que con esfuerzo sí cumplen con la ley.
Y lo más preocupante es que no sólo sigue siendo altísima la participación de los trabajadores en negro dentro del total de asalariados en Mendoza, sino que es muy poco lo que se ha logrado bajar en los últimos años. La informalidad laboral se cronifica en Mendoza.
Según datos de la consultora Noanomics, en base a estadísticas oficiales de empleo del Indec en base a la Encuesta Permanente de Hogares, en Mendoza al primer trimestre de 2015 el trabajo en negro o informal afecta al 33,1% de la fuerza laboral activa de la provincia.
En Mendoza 1 de cada 3 trabajadores activos está en negro. Esta relación es incluso superior al promedio nacional, ya que en el país el 31,9% de los empleados está en negro.
En los extremos a nivel país, Tierra del Fuero se ubica en el último lugar con una informalidad laboral de sólo el 10,5%; mientras que la provincia con mayor trabajo en negro es Santiago del Estero con el 46,9%.
Sin avances
La mala noticia para Mendoza es que poco se ha hecho en los últimos años para regularizar esta situación y combatir este flagelo. Según datos de Noanomics, entre el 1º trimestre de 2012 e igual período de 2015 (último dato relevado), el trabajo en negro en Mendoza sólo bajó 0,9 puntos porcentuales, esto es de 34% a 33,1%.
Esto marca dos aspectos centrales: la incapacidad del Estado para combatir la informalidad en el trabajo, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores, y lo más significativo de todo: la competitividad empresaria está en gran parte sustentada en la precariedad de la fuerza laboral.