Sin acuerdo

En detalle: esta es la propuesta que el Gobierno hizo a la Policía y que los efectivos siguen analizando

Luego de una mañana de tires y aflojes entre el Ejecutivo y las fuerzas de Seguridad la última oferta fue un salario de bolsillo de $8.500 con la obligación de cumplir 80 horas extra por mes. Tensión y desunión entre los manifestantes.

Por Leandro Abraham

Continúa el conflicto entre el Gobierno y los miembros de la Policía por el pedido salarial que los efectivos están realizando en Mendoza, al igual que en el resto del país. Luego de una mañana de tires y aflojes (donde no faltaron peleas e insultos) el Ejecutivo presentó una última oferta de llevar los salarios de bolsillo a $8.500 mensuales, siempre y cuando los efectivos estén dispuestos a realizar 28 horas extra por mes. Los policías de franco, retirados y familiares discuten hace horas, pero no se ponen de acuerdo en aceptar o no la propuesta.

La mañana empezó exactamente de la misma forma que terminó la noche de ayer: con tensión y reclamos. Es que desde las primeras horas del día unas 100 personas se juntaron en la puerta del ministerio de Seguridad para exigir dialogar con el ministro de esa cartera y destrabar finalmente el conflicto que tiene en jaque a Mendoza y a otras provincias.

De esta forma, pasadas las 10 de la mañana llegaron al ministerio de Seguridad Mauricio Guzmán (miembro paritario del Gobierno), Marcelo Costa (ministro de Hacienda) y el propio ministro Carlos Aranda, quienes tuvieron una reunión cerrada con unos 40 jefes policiales (comisarios y subcomisarios) e informaron sobre la propuesta que debían presentar en cada comisaría de la provincia.

Acto seguido la reunión de los miembros del Ejecutivo se realizó con 5 representantes de policías retirados, familiares y efectivos de franco, a quienes se les informó de la intensión de llevar el salario de bolsillo hasta los $8.500. Si bien luego de ese cónclave el ministro de Seguridad habló con la prensa y confió en que se aceptaría la propuesta, el centenar de personas que se encontraban en la puerta del ministerio no pensaron lo mismo.

Es que si bien los $8.500 mensuales son bien vistos por la Policía, en un primer momento se explicó que los efectivos debían realizar 20 cupos de horas extra (cada cupo es de 4 horas) para poder llegar a ese salario a fin de mes. Significa que a las horas semanales que los efectivos deben trabajar por convenio se les agregan otras 80 extras.

Ante esta situación, y en medio de la bronca generalizada y de las amenazas de acuartelamiento de los pocos efectivos que se encontraban en el lugar, los representantes de los manifestantes volvieron a ingresar al ministerio y se reunieron con el ministro Aranda, quien les mejoró levemente la oferta: se bajó de 20 a 7 el número de cupos de horas extra obligatorios.

De esta manera, la oferta final que actualmente es analizada por los efectivos es la siguiente: $4500 de básico, $1850 de incremento salarial, $1.400 de cupos que serán reconocidos a los efectivos y $750 por los cupos obligatorios (cada cupo se paga a $105). Esto suma un total de $8500.  Además la posibilidad de seguir realizando cupos de horas extra hasta un límite de 35 hace que la posibilidad de incremento salarial para los policías sea aún mayor. Los cálculos que se realizaban en el lugar mostraban que un efectivo con 1 año de antigüedad que realice 35 cupos semanales podría percibir casi $13.000 mensuales.

Sin embargo, y pese a que esta propuesta fue bien vista en un primer momento, la obligatoriedad de realizar horas extra y la comparación con otras provincias (donde dicen que no existe el sistema de cupos) hacen que los familiares y efectivos no terminen de decidir si aceptan la propuesta del Estado. Cabe aclarar que, al no tener un gremio, existe una gran desorganización entre los manifestantes y cada asamblea que realizan termina a los gritos y al borde de las agresiones físicas.

Siendo las 3:00 de la tarde el grupo de 100 personas que en un primer momento se juntó en la puerta del ministerio de Seguridad ya se había reducido a 20 y las partes no lograban ponerse de acuerdo entre aceptar o no la propuesta del Ejecutivo. Muchos de ellos querían marchar a la Legislatura provincial, otros pretendían bloquear la salida de móviles en las comisarías y el resto, aproximadamente la mitad, veía con buenos ojos la propuesta del Gobierno.

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