El "transitorio" impuesto al cheque cumple 25 años. Un plan para eliminarlo en forma gradual sin afectar el equilibrio fiscal de Javier Milei
El transitorio impuesto al cheque cumple un cuarto de siglo. (ILustración con IA)
El impuesto a los créditos y débitos bancarios, popularmente conocido como impuesto al cheque, cumplió 25 años. Sancionado el 24 de marzo de 2001 y reglamentado el 29 de marzo en el Boletín Oficial como medida de emergencia y que jamás fue derogado, representa hoy más de 1,6 puntos porcentuales del PBI y ocupa históricamente el tercer lugar en el podio de la recaudación nacional.
En el marco de una reforma tributaria que Javier Milei prometió reiteradamente enviar al Congreso, cobra fuerza una propuesta técnica para eliminarlo de manera progresiva sin comprometer el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei ha convertido en eje de su política económica.
La propuesta fue elaborada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y plantea un proceso de desmantelamiento en tres años, entre 2026 y 2028, a través de un mecanismo que amplía gradualmente la posibilidad de computar lo pagado por este tributo como crédito a cuenta de otros impuestos nacionales, principalmente el IVA y el impuesto a las Ganancias.
El tributo nació el 24 de marzo de 2001, mediante la ley 25.413, durante el ministerio de Economía de Domingo Cavallo bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. Su alícuota inicial fue del 0,25%, se elevó al 0,4% el 3 de mayo de ese mismo año y alcanzó el 0,6% vigente a partir del 1° de agosto de 2001. Desde entonces, la tasa general no ha variado.
Lo que sí cambió con los años fue el alcance del mecanismo de compensación. En sus orígenes, el impuesto no podía descontarse de ningún otro tributo. En 2004, por decreto, se habilitó la posibilidad de computar el 34% del monto acreditado como pago a cuenta de otros impuestos. En 2018, esa facultad se extendió al 33% tanto de débitos como de créditos. La ley PYMES de 2016 fue más lejos: permitió a las micro y pequeñas empresas computar el 100% contra el impuesto a las Ganancias, mientras que las medianas industriales del tramo I quedaron autorizadas a deducir hasta el 60%.
A pesar de estos alivios parciales, el impuesto nunca perdió su carácter distorsivo. Por su diseño, grava la circulación del dinero en el sistema bancario y, por esa razón, incentiva estructural y oficialmente la informalidad.
El IARAF reconoce que la magnitud recaudatoria del tributo hace inviable su eliminación inmediata. Por eso, el mecanismo que propone no suprime la alícuota de golpe, sino que amplía año a año el porcentaje computable como pago a cuenta, de modo que el costo real del impuesto se diluya progresivamente sin generar un boquete en las finanzas públicas.
El elemento central del esquema es un tope individual: cada contribuyente solo podrá utilizar el porcentaje adicional autorizado en la medida en que sus obligaciones en IVA o Ganancias hayan crecido respecto del año anterior. En términos concretos, los mayores créditos fiscales no podrán traducirse en una caída de los ingresos nominales que el fisco ya percibía antes de la reforma. El Estado solo resignaría una porción del incremento recaudatorio, no la base existente.
El instituto ilustra el mecanismo con un ejemplo: si un contribuyente abona $1.000 de impuesto al cheque en 2026, podrá computar los $330 ya autorizados por la normativa vigente más $170 adicionales propuestos para el primer año, pero este último monto solo será válido si su obligación en IVA o Ganancias creció al menos $170 respecto del período previo.
El esquema contempla situaciones particulares. Los monotributistas, que actualmente tributan una alícuota reducida del 0,25% y no están alcanzados por IVA ni Ganancias, quedarían fuera del mecanismo de cómputo estándar. El IARAF sugiere que mantengan esa alícuota diferencial y que se diseñe un mecanismo específico para que los montos pagados puedan imputarse contra el monotributo.
También existe una disposición vigente que permite computar hasta el 15% de las contribuciones patronales al SIPA con cargo al impuesto al cheque, con tope en el 30% del tributo efectivamente ingresado, una alternativa que beneficia particularmente a empleadores con nóminas formales.
El gobierno de Milei ha sostenido el superávit fiscal como condición innegociable de su programa económico y enfrenta ahora la tensión entre su convicción de aliviar la carga impositiva y la necesidad de no debilitar los ingresos del Estado en una etapa de consolidación.
El impuesto al cheque, que en 2017 fue asignado en su totalidad al financiamiento de la ANSES, representa una fuente de recursos que ninguna administración anterior se atrevió a tocar de fondo. Si el Ejecutivo incorpora esta propuesta o alguna otra a la reforma tributaria que enviará al Congreso, será la primera vez en 25 años que el tributo enfrenta un horizonte real de extinción.