El empleo crece en Argentina, pero el trabajo desprotegido se consolida como tendencia. Jóvenes, mujeres y jubilados, los más afectados.
Trabajo en Argentina: el empleo crece, pero sin derechos ni estabilidad.
Aunque las cifras oficiales muestran un repunte en el empleo, el mercado laboral argentino atraviesa una transformación estructural profunda. Según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el trabajo desprotegido se ha consolidado como la forma dominante de inserción laboral en el país.
Esto implica que cada vez más personas trabajan sin aportes previsionales, sin estabilidad, sin licencias y, en definitiva, sin derechos laborales garantizados. Una reforma laboral de hecho en muchos casos amparada por las modificaciones contempladas por la Ley Bases.
Lejos de una mejora real, los datos del tercer y cuarto trimestre de 2024 revelan una paradoja: hay más empleo, pero en peores condiciones. En los 31 principales aglomerados urbanos, el 43,3% de los trabajadores están en empleos privados desprotegidos, es decir, sin seguridad social, sin contratos formales y sin posibilidad de acceder a derechos básicos.
Los números de la investigación están en sintonía con los publicados por Organización Internacional de Trabajo sobre Argentina y que fueron publicados por Sitio Andino
El informe del IAG, titulado “Empleo en tiempos de motosierra”, firmado por las investigadoras Candelaria Rueda y Violeta Carrera Pereyra subraya que el crecimiento de la actividad laboral no implica una mejora en la calidad del empleo. De los 78.000 nuevos ocupados registrados entre fines de 2023 y 2024, 195.000 fueron incorporados al sector desprotegido, que creció un 3,4% en ese período. En contraste, el empleo protegido apenas aumentó un 1,9%, mientras que el empleo público cayó un 8,9%, perdiéndose 219.000 puestos.
El resultado es claro: el empleo crece donde menos garantías existen, reforzando un modelo de trabajo inestable y precario. Esta tendencia representa una amenaza para el desarrollo económico y social del país, ya que compromete las condiciones de vida de millones de personas.
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Uno de los datos más alarmantes del informe es el perfil de quienes están ingresando al mercado laboral. El grupo etario que más creció en ocupación durante 2024 fue el de mayores de 66 años, es decir, personas que deberían estar retiradas. De los nuevos ocupados, 42.000 pertenecen a este grupo, que creció un 6,3% en mujeres y un 9,9% en varones.
Este fenómeno también se refleja en la incorporación forzada de mujeres embarazadas y jóvenes madres que antes permanecían inactivas, pero que ahora deben trabajar para complementar ingresos familiares. No se trata de inclusión laboral genuina, sino de un aumento de la actividad en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El deterioro del empleo entre los jóvenes es otro de los ejes centrales del informe. El concepto de “juventud ampliada”, que abarca a personas de entre 14 y 35 años, permite dimensionar la magnitud del problema: se perdieron 220.000 empleos protegidos en ese grupo etario durante el último año.
Las mujeres jóvenes fueron las más afectadas, con una pérdida de 145.000 puestos, mientras que los varones perdieron 80.000. En términos porcentuales, esto representa una caída del 12% para las mujeres y del 5% para los hombres.
Además, entre los más jóvenes (14 a 26 años), se observa una disminución neta del empleo: -1,6% en mujeres y -5,6% en varones, lo que pone en evidencia una creciente inactividad juvenil en medio de una expansión precaria del empleo general.
El estudio también introduce el concepto de “paredes de cristal”, una evolución del clásico “techo de cristal”. Este término refiere a las barreras invisibles que impiden a las mujeres cambiar de sector laboral o acceder a mejores condiciones, incluso con la misma formación que sus pares varones.
Las mujeres siguen concentradas en sectores más precarizados, como los servicios domésticos, actividades inmobiliarias y administrativas. Por ejemplo, en la industria manufacturera se perdieron el 20% de los puestos protegidos para mujeres, frente al 10% de los hombres. En actividades administrativas y de apoyo, la caída fue del 29% para las mujeres.
Incluso en sectores considerados tradicionalmente protegidos, como salud y educación, los salarios perdieron poder adquisitivo, afectando principalmente a las trabajadoras que predominan en estas áreas.
El informe del IAG plantea una conclusión fundamental: la tasa de desocupación ya no es un indicador suficiente para comprender la realidad del mercado laboral. Aunque se mantenga estable o incluso baje, no refleja las condiciones de precariedad que afectan a una porción creciente de trabajadores.
En este nuevo escenario, es necesario dejar de mirar únicamente cuántas personas trabajan y empezar a analizar cómo y en qué condiciones lo hacen. El trabajo desprotegido no es un fenómeno pasajero, sino un rasgo estructural que se consolida y que exige respuestas urgentes desde la política pública.
La creación de empleo ya no es suficiente. La prioridad debe ser garantizar empleos dignos, estables y con derechos, porque sin esas condiciones, el crecimiento económico solo reproducirá desigualdades y exclusión.
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