Vista de la planta actual de Potasio Río Colorado en Malargüe, que el Gobierno de Mendoza quiere terminar de traspasar antes de fin de año
Foto: Prensa Gobierno de MendozaEs la noticia que más quería dar Rodolfo Suarez antes de cerrar su gestión. Luego de una década paralizado, al proyecto Potasio Río Colorado lo reactivará una sociedad argentina-brasilera, pero detrás de la concesión se negociaron (y acordaron) varios puntos para que el Gobierno de Mendoza muestre la primera señal pro minería a gran escala en años.
Por lo pronto, una vez que la Provincia firme contrato con la brasilera ARG, experta en construcción y logística, y la argentina Compañía Minera Aguilar S.A, cuya figura visible es el ex funcionario nacional y empresario mendocino José Luis Manzano, restará que la Legislatura dé OK definitivo para activar la inversión comprometida de u$s 1.000 millones.
Para eso, luego de que Suarez lo anunciara, los trámites faltantes empezaron a acelerarse. Al mediodía del lunes faltaba un dictamen legal de Asuntos Jurídicos, para darle intervención a Fiscalía de Estado, que deberá evaluar dictaminar sobre lo dispuesto por el Gobierno, que en marzo había acortado la lista de firmas interesadas en explotar Potasio de 5 a sólo 3 propuestas, antes de enviar el contrato a la Legislatura.
Antes, se analizaron variables que marcaron la negociación en la recta final del proceso que durante un año y medio llevó adelante UBS, el banco de inversión suizo encargado de seleccionar al concesionario de Potasio. Entre las principales, la participación de Mendoza como socia del emprendimiento y las garantías exigibles para que los nuevos concesionarios avancen con la obra.
Un punto del contrato que en el último tiempo fue parte de la negociación fue el porcentaje del paquete accionario que la provincia de Mendoza tendrá en adelante dentro de PRC, la SA que administra el proyecto.
Si bien los nuevos socios-concesionarios pretendían adquirir un 95% del total, desde el Gobierno finalmente acordaron un porcentaje mayor. Así, la provincia se quedará con el 12%, y la sociedad el 88% restante.
Otro ítem que pudo volverse álgido fue el porcentaje de regalías. La pretensión de un esquema móvil (atado al volúmen de producción y el precio) no prosperó, y quienes exploten Potasio Río Colorado se comprometieron a respetar el 3% previsto en el Código Minero, más un plus de 1,5% para un fondo de Infraestructura Escolar, figura usada en otras licitaciones públicas en Mendoza (las petroleras, por ejemplo).
Un pedido concreto fue el depósito de un fideicomiso para garantizar el avance de la obra propuesta para la nueva planta piloto de Potasio.
El planteo inicial fue dejar acciones en garantía, para liberarlas a medida que la ejecución del nuevo proyecto avance. ¿Cuánto? El equivalente al 1% de la inversión comprometida de u$s 1.000 millones. ¿Cómo? Por porcentajes, al estilo de los préstamos y los certificados de avance de obra, pero al revés.
Emilio Guiñazú, responsable de PRC en representación de la Provincia, señaló que es "parte de un esquema de tres mecanismos complementarios. El primero contempla un cronograma de obra con hitos controlables, con multas; el segundo es la garantía de "fiel cumplimiento" en caso de ruptura del contrato, y por último, el fideicomiso, que prevé revertir acciones a la Provincia, o liberarlas si cumple, para que no pase lo que ocurrió con Vale cuando dejó de operar".
A su turno, Manzano y sus socios plantearon la necesidad de contar con la energía necesaria para la explotación, y resta definir qué pasará con el transporte de las sales obtenidas durante la explotación. Es que la idea (ya planteada durante la era de la brasilera Vale, ex concesionaria hasta 2017) era utilizar el tren para transportar el producto hasta el puerto de Bahía Blanca, algo que según se analizó en su momento.
El compromiso (aún pendiente) era dejar en condiciones la Ruta provincial 189 que conecta al predio con la que conduce a Palmira, para trasladar las sales en camión y su trasbordo al tren hacia el puerto. Asimismo, está pendiente la construcción del ramal ferroviario (desde que Vale tenía la concesión) que conduciría el extracto hasta Bahía Blanca para su salida al Atlántico.
"El plan A es transportar el mineral en camión hasta Palmira, y de ahí en tren, aunque existen alternativas para reactivar el tren de las Catitas, hasta Monte Comán y de ahí a Malargüe. Algo que en adelante, aunque la Provincia puede colaborar, deberán negociar los concesionarios con Trenes Argentinos", acotó Guiñazú.
Claro que aceptadas esas cláusulas y con todas las habilitaciones y trámites aprobados, como el de la Legislatura, en 60 días aproximadamente estaría todo dado para el traspaso de activos de Potasio a Minera Aguilar y su socio brasilero. Al menos es la previsión que hacen desde el Ministerio de Economía.
Pero ¿qué activos pasarán a manos de los nuevos concesionarios, y cuáles quedarán para el Estado mendocino como poder concedente?
"El terreno sobre el que se construyó la planta y algunos equipamientos, saldos de caja que servirán para que siga operando Impulsa Mendoza. El resto, la infraestructura de la planta, pasa al concesionario", explicó Guiñazú, respecto al complejo, que incluye 75 perforaciones hechas en su momento por Vale, pero requiere terminar de construír la mina.
Lo cierto es que desde este martes, con la firma del contrato, se abre un período de 60 días hasta el cierre definitivo del acuerdo y traspaso efectivo de activos de Potasio Río Colorado.
Durante ese lapso quedan varios hitos por cumplir, como la aprobación final del contrato por ambas partes (incluye el visto bueno de la Legislatura), y a partir de allí al menos 1 año para empezar a planificar la reactivación definitiva del proyecto. Un Potasio de menor escala, que aún así puede generar 1.500 empleos para su construcción, y otros 500 directos una vez en funcionamiento.