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Planes sociales: Cuánto significan en el gasto público

La discusión sobre el gasto, los ingresos y los planes sociales se realiza, por lo general, sin datos y sobre bases falsas.

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Por Marcelo López Álvarez 30 de junio de 2022 - 15:05

La discusión sobre la asistencia, planes sociales, ingresos, el presupuesto y el nivel de gasto de l Estado es materia corriente en la política y en los medios de comunicación. Por lo general siempre con la misma matriz, se realiza en torno a frases hechas, a lugares comunes y sin la necesaria e indispensable mecánica de consultar datos y por lo menos ponerlos a consideración para el debate público

Uno de esos lugares comunes es que se puede recortar el “gasto público”, pero nadie explica ni cómo está compuesto ese “gasto” ni como lo recortaría. Quizás porque no es soplar y hacer botellas y el margen de la famosa poda es mínimo o también porque lo que hay que hacer no es recortar sino recaudar y transformar los sistemas impositivos a semejanza de los países que suelen poner como ejemplos los recortadores

Del gasto o inversión total acumulado en 2022 que realiza el Estado Nacional según los números oficiales publicados por el Ministerio de Economía, casi el 40 por ciento se destina al pago de haberes previsionales; jubilaciones, pensiones y diversos beneficios ya sea contributivos o no contributivos. El segundo ítem con el 13% son los subsidios económicos de distintos tipo principalmente los que involucran la energía. Recién en tercer lugar aparecen los sueldos de los empleados públicos en todas sus vertientes y servicios y no supera el 10 por ciento del gasto total.

En cuarto lugar y con menos del 8.5 % del total aparecen los vilipendiados planes sociales teniendo en cuenta que se incluye los planes Potenciar Trabajo, los montos de la tarjeta AlimentAr y beneficios otorgados por única vez como los IFE.

Detrás viene el pago de intereses de la deuda con el 7 por ciento seguido por las Asignaciones Familiares con el 6.2, la inversión pública con 6 puntos y luego los gastos de funcionamiento, transferencias a las provincias y universidades y otros gastos corrientes con porcentajes que rondan entre el 4 y el 2 por ciento. El gasto social agrupa más del 50 por ciento del presupuesto

Aquí se cae una de las primeras “verdades” que se suelen repetir en los plató televisivos sobre los planes sociales. Como se ve no es ni por asomo el principal componente del gasto del Estado.

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La verdadera incidencia de los Planes Sociales en el gasto del Estado es desconocida por el gran publico.

La verdadera incidencia de los Planes Sociales en el gasto del Estado es desconocida por el gran publico.

Pero tampoco los planes sociales y ni siquiera la AUH son los principales componentes de lo que se denomina gasto social. Las jubilaciones representan el 30.1 por ciento y dentro de este componente hay que destacar que el 62 por ciento de los jubilados cobra el haber mínimo. Las pensiones no contributivas representan el 2.8, los Potenciar Trabajo el 2.5 y la AUH el 2.3 por ciento en tanto las PUAM, los planes Progresar y los seguros de desempleo están por debajo del 0.5 por ciento del gasto denominado social.

Otro dato que hay que destacar es que al contrario de los que se dice y se suma en diversos medios los programas y planes tienen universos bien definidos y hacen incompatible que una persona pueda recibir varios de ellos al mismo momento.

También los datos oficiales de ingreso que elabora el INDEC desmienten el famoso “viven de planes” en los cuatro deciles más bajos de ingresos; 3 de cada 10 tienen ingresos del Estado o la Asistencia Social, o sea que el 70 por ciento tiene ingresos mensuales o periódicos de una fuente laboral ya sea registrado, informal o independiente. ¿Cómo evolucionaron en el tiempo?

Ya contamos en este espacio como fue el desarrollo e incremento de los diversos planes en los últimos años pero bien vale remarcar que a pesar de su estigmatización y valoración (muchas veces cercana al racismo) apenas representan el 3 % del gasto total del Estado y si viene creciendo el empleo informal y el recorte de los ingresos ya sea laborales o sociales por el proceso inflacionario.

A riesgo de ser reiterativos con columnas anteriores la respuesta a estas situaciones es política y la necesidad de que los números de la macroeconomía comiencen a ser también realidad en la micro y en los ingresos.

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