Mendoza licita el alojamiento de funcionarios chilenos en Uspallata, en el marco del convenio binacional y mejoras fronterizas.
La provincia de Mendoza publicó el llamado a Licitación Pública destinada a contratar servicios de alojamiento para funcionarios chilenos de la Policía de Investigaciones (PDI), Aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que cumplen funciones en el Paso Fronterizo Cristo Redentor.
El llamado se enmarca en el Acta Compromiso de 2011, cuyo objetivo es garantizar condiciones dignas para el personal chileno que trabaja en suelo argentino en el corredor internacional, especialmente en la cabecera de cargas de la Villa de Uspallata. Como contrapartida Chile se hace cargo del alojamiento y comida de lo funcionarios argentino que cumplen funciones en el Paso Fronterizo del lado chileno.
El presupuesto oficial asignado asciende a poco más de 400 millones de pesos (402.025.917,55) duplicando el presupuesto del llamado a licitación del año anterior y la apertura de propuestas está prevista para el 20 de agosto .
La contratación cubrirá un período de 12 meses e incluye la provisión diaria de 7 habitaciones dobles y 4 habitaciones triples, con estimaciones anuales de 2.555 servicios dobles y 1.460 triples, para alojar hasta 26 funcionarios trasandinos
El pliego de condiciones exige que las habitaciones cuenten con baño privado, servicio de mucama y desayuno (infusión y refrigerio tipo tortita, medialuna o sándwich de jamón y queso). Los oferentes de la zona de Uspallata deberán acreditar al menos dos años de actividad en el sector y estar registrados ante la Secretaría de Turismo o cámaras afines.
Este nuevo llamado se enmarca en un esquema institucional vigente desde 2011, cuando Mendoza asumió responsabilidades que originalmente correspondían al Gobierno nacional.
Sin embargo, el modelo actual está en revisión, fuentes del Ministerio de Seguridad que es la repartición sobre la cual recae el llamado a licitación, la ministra Mercedes Rus mantiene consultas permanentes con el subsecretario del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, para evaluar la transición hacia un modelo integral de gestión fronteriza distinto que agilice el cruce de la frontera
Este nuevo esquema contemplaría mejoras edilicias, mayor control operativo y la eventual participación de un actor privado bajo un esquema de concesión, sistema que el Gobierno Nacional autorizó en enero en el marco de las facultades delegadas.
Desde Mendoza se apuesta a que una vez implementado, el convenio de 2011 sería disuelto y la gestión pasaría plenamente al Estado nacional.
La licitación también responde a reclamos reiterados de funcionarios chilenos sobre las deficiencias edilicias en el complejo argentino Horcones, que se profundizaron en los últimos meses con carteles que los trabajadores chilenos pegaban en las casillas de la aduana para difundir sus protestas.
Las fallas en infraestructura habrían impactado tanto en la seguridad como en el confort del personal, lo que generó tensiones en la cooperación bilateral.
El subsecretario de Relaciones Institucionales, José Videla Saenz, explicó en declaraciones periodísticas que, tras constatar el estado del Paso Cristo Redentor, Mendoza decidió colaborar con la Nación para agilizar la gestión fronteriza.
La cláusula segunda del acuerdo establece que la Nación aportará recursos técnicos y financieros, mientras que Mendoza pondrá su capacidad operativa y administrativa al servicio de la gestión.
De este modo, la Provincia actuará como ejecutor local, con mayor agilidad de respuesta que la administración central.
Videla Saenz confirmó que el convenio está aprobado y que en agosto se conformará el Comité de Optimización del Paso Internacional Cristo Redentor, donde autoridades argentinas y chilenas definirán prioridades de trabajo.
También precisó que el acuerdo no incluye obras viales, sino que se focaliza en complejos aduaneros, conectividad y procedimientos fronterizos. El entendimiento fue firmado por Lisandro Catalán (Secretaría del Interior) y el gobernador Alfredo Cornejo, con intervención de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, a cargo de Ricardo Botana.
La licitación vigente implica un monto superior al del año anterior, cuando Mendoza destinó aproximadamente 192,8 millones de pesos para cubrir el alojamiento de funcionarios entre mayo y diciembre de 2024.
Ese servicio también contempló a 26 funcionarios e incluyó desayuno y comidas en restaurantes de la zona, en el marco del mismo Acta Compromiso de 2011.
En 2025, el presupuesto se duplicó y la contratación se formaliza por un año completo, reforzando la cobertura logística para el personal chileno.
El nuevo esquema institucional, aunque aún en revisión, prevé un mayor protagonismo operativo y financiero del Estado nacional, mientras que Mendoza mantendrá un rol ejecutor para asegurar eficiencia y rapidez en la gestión local.