La vitivinicultura argentina sufre su peor momento en años: menos ventas, menos bodegas y más concentración del mercado.
No es novedad para Mendoza, y las provincias vitivinícolas, que la vitivinicultura argentina afronta una doble crisis: por un lado, la contracción en el consumo doméstico; por otro, el deterioro de la inserción externa. Ahora la situación de la industria madre toma trascendencia nacional por un informe difundido sobre la actividad por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En agosto de 2025 el volumen total de vino despachado al mercado interno se contrajo 17,1% respecto del año anterior y el consumo estimado per cápita cayó 18,3%, hasta situarse en 1,42 litros por habitante, o sea que no llega a dos botellas por mes.
Estos números no solo reflejan un retroceso coyuntural vinculable a la recesión y la pérdida de poder adquisitivo, sino que ponen de relieve fragilidades estructurales que vienen golpeando a productores y bodegas desde hace años.
La caída del consumo per cápita responde en buena medida al deterioro del ingreso real y al encarecimiento del financiamiento: durante 2024–2025 la demanda doméstica mostró una fuerte elasticidad-ingreso, lo que explica la sensibilidad del sector a los vaivenes macroeconómicos. A esto se suma una transformación de largo plazo en los hábitos de consumo: se privilegia cada vez más el vino varietal –de mayor precio– y se intensifica la competencia con la cerveza y otras bebidas, lo que eleva la vulnerabilidad del sector frente a caídas de ingreso. En el acumulado enero–agosto de 2025 la baja fue menos pronunciada (-3,5%), pero ese dato se explica por una base comparativa deprimida tras la megadevaluación y el ajuste fiscal de comienzos de 2024.
Además, el escenario global es complejo, ya que Argentina no está exenta de las nuevas tendencias y formas de consumo.
El desempeño externo no mitiga el golpe: entre enero y agosto de 2025 las exportaciones de vinos y mostos descendieron 8,4% en volumen, con el vino color y el vino a granel sufriendo caídas más severas (-9,8% y -11,9%, respectivamente). (NdR: Después del informe del CEPA se conocieron las exportaciones de septiembre que mejoran un poco la performance, pero las exportaciones siguen cayendo 7 puntos interanuales).
El informe atribuye el retroceso a un tipo de cambio real poco competitivo, a los crecientes costos logísticos y productivos y al encarecimiento relativo de los precios locales en dólares, factores que limitan la colocación en mercados extranjeros. Al mismo tiempo, las importaciones se dispararon: en 2024 ingresaron 45.971 hectolitros, un incremento del 415% interanual, con predominio de vino a granel desde Chile, lo que revela una grave distorsión de la competitividad del producto nacional.
Según el trabajo del CEPA, la crisis no es homogénea: mientras un reducido número de grandes grupos logra sostener volúmenes y mercados, los pequeños y medianos productores pierden terreno. Entre 2015 y 2024, Mendoza perdió 16.864 hectáreas de vid (-10,6%) y 1.576 viñedos, principalmente de escala menor; hoy el 7,4% de las explotaciones concentra casi la mitad de la superficie cultivada. En 2024 se registraron 881 bodegas inscriptas en Mendoza, de las cuales 616 elaboraban y 501 fraccionaban; no obstante, el fraccionamiento ha mostrado mayor concentración en volúmenes despachados, lo que disminuye la participación relativa de los actores pequeños. Este proceso erosiona la diversidad territorial y social del complejo y profundiza las asimetrías en la cadena de valor.
El diagnóstico del informe es claro: la recuperación del complejo vitivinícola requiere medidas sobre la demanda y sobre los costos. En lo macroeconómico, resulta clave recomponer los ingresos reales y mantener un tipo de cambio que favorezca la competitividad exportadora; en lo financiero, garantizar crédito accesible y líneas específicas que permitan inversión y sostén de capital operativo. A nivel sectorial, se proponen mecanismos que aseguren precios de referencia o márgenes mínimos para evitar la competencia desleal vía importaciones y proteger a los eslabones más frágiles. Asimismo, la carencia de información pública actualizada –resultado de la discontinuidad de estadísticas oficiales– complica la planificación y agrava la incertidumbre.
El punto de quiebre del sector no está predeterminado, pero las señales son adversas: caída sostenida del consumo interno, pérdida de mercados exteriores y una concentración productiva que margina a los más pequeños. Dado que alrededor del 70% del vino producido se destina al mercado doméstico, la rehabilitación de la demanda interna aparece como condición necesaria para evitar una salida en oleadas de productores y la erosión de un entramado social y territorial que, en Mendoza, tiene un peso económico y cultural decisivo.
Sin una estrategia pública y privada coordinada –que combine recomposición de ingresos, financiamiento, medidas de competitividad y transparencia estadística– la vitivinicultura corre el riesgo de transformarse en un sector cada vez más concentrado y menos capaz de sostener empleo y diversidad productiva.
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