El Gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste con nuevos recortes en organismos y empresas estatales, miles de cesantías y tensiones crecientes.
Javier Milei y Sturzenegger preparan otro recorte de empleados del Estado y ya se desató la protesta
La administración del presidente Javier Milei dejó trascender una nueva etapa de su política de recorte del gasto público, estrategia que el propio Gobierno presenta como parte esencial del rumbo económico elegido desde diciembre de 2023.
Bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la llamada “motosierra” incorpora ahora un conjunto adicional de medidas que se extenderán hasta mediados de 2026 y que ponen el foco en organismos descentralizados y empresas estatales y proponen reducir otro 10% la planta de personal del Estado.
Desde el oficialismo afirman que el objetivo es optimizar estructuras, eliminar duplicidades y avanzar hacia “un Estado más eficiente”. En paralelo, los gremios anticipan resistencia frente a un ajuste cuya magnitud, advierten, alterará de manera sensible el funcionamiento de la administración pública.
Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión Milei se eliminaron más de 58.000 puestos de trabajo, cifra que incluye bajas en organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad, además de empresas estatales. Los registros del INDEC señalan que solo en octubre la dotación total descendió un 0,3%, y las proyecciones indican que la tendencia continuará durante 2025.
Ahora, el Gobierno evalúa un recorte adicional de hasta el 10% del total de los aproximadamente 285.000 empleados con los que cuenta hoy el sector público nacional. De concretarse, el número rondaría las 28.000 nuevas cesantías, que se sumarían a las ya ejecutadas. Fuentes oficiales aseguran que el cálculo final dependerá de la revisión “organismo por organismo”, que ya está en marcha en más de ocho áreas de gobierno.
En esa línea, el presidente ordenó una supervisión minuciosa de estructuras y funciones. La consigna central es detectar tareas superpuestas o consideradas prescindibles, con la consiguiente reducción de dotaciones. La imagen de la “motosierra”, que Milei conserva incluso en su despacho de Casa Rosada, se convirtió en símbolo de esta política.
Mientras que los primeros recortes se concentraron en la administración central, la nueva fase apunta a los organismos descentralizados. Entre los más comprometidos figuran AFIP, ANSES, CONICET, INDEC, ANMAT, ENARGAS, INTI, INTA y ENACOM, donde se proyectan auditorías periódicas y posibles reducciones durante 2026.
Un informe del CEPA analiza el comportamiento del empleo público hasta octubre de este año y advierte que la situación es particularmente sensible en sectores de alta especialización técnica o científica, como el CONICET, el INTI o el INTA, que ya registran cientos de bajas acumuladas. En otros organismos, como la ANSES o la AFIP, las reducciones impactan en áreas operativas y administrativas de alcance federal.
Simultáneamente avanzan cambios estructurales en instituciones de menor tamaño, pero de fuerte presencia territorial. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar fue prácticamente desmantelado, con 777 despidos y la disolución posterior del organismo. El INADI y el Instituto Nacional Belgraniano fueron eliminados bajo el argumento de “politización” o falta de funciones esenciales.
El CEPA destaca que, en total, hasta julio de 2025 el Poder Ejecutivo contabiliza 101 entidades cerradas o modificadas, entre ellas la Agencia Nacional de Seguridad Vial y distintos fondos fiduciarios.
El impacto del ajuste también se verifica en las empresas y sociedades del Estado. El Correo Argentino encabeza el listado de despidos, con más de 5.100 cesantías, seguido por la Operadora Ferroviaria, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En términos proporcionales, el caso más extremo es el de la ex Télam, donde se desvinculó cerca del 80% del personal, un ajuste que dejó a la agencia prácticamente sin operaciones.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, el organismo con mayor reducción absoluta fue ARCA, con 3.220 puestos eliminados. Le siguen el CONICET, con 1.964, y la ANSES, con 1.584.
Algunas dependencias sufrieron recortes particularmente severos: el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64% de su planta, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte y el INAES experimentaron reducciones del 46,6% y 43,5%, respectivamente.
Para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el ajuste no responde a necesidades presupuestarias sino a una “decisión política” orientada a redefinir el rol del Estado. Ante la posibilidad de que el Ejecutivo avance con nuevas cesantías, el sindicato ya anticipó medidas de fuerza ampliadas en todo el país.
El Gobierno sostiene que la reducción del empleo público forma parte de un proceso de transformación más amplio, destinado a “modernizar y desburocratizar” la administración. Los gremios, en cambio, advierten que la magnitud del ajuste pone en riesgo funciones esenciales y debilita la capacidad operativa del Estado nacional.